Era una fría tarde ese 25 de junio de 1912 cuando empezaron a llegar productores agropecuarios a la sede de la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo e Instrucción de la localidad santafesina de Alcorta, a unos 95 km de Rosario, en la intersección de las que hoy son ruta nacional 178 con la ruta provincial 90.

En poco tiempo se colmó la capacidad del salón y unos 300 campesinos se constituyeron en asamblea. Afuera hacía frío, adentro mucho calor. La “calentura” se debía a que el sistema de trabajo en el campo se tornaba absolutamente inviable e insoportable para las familias que trabajaban sacrificadamente en los campos de los grandes terratenientes para comprobar al final de la campaña que no les quedaba prácticamente nada para sus hogares.

La propiedad de la tierra estaba en ese entonces en mano de lo que se conocía como la “oligarquía terrateniente”, es decir, el pequeño grupo de familias ricas que se repartían el dominio territorial en todo el país. En la región que hoy se conoce como zona núcleo, la producción estaba centrada fundamentalmente en el trigo, cuyos excedentes se exportaban generando importantes recursos para el país.

Los líderes nacionales que a finales del siglo XIX constituyeron lo que se conoció como la “Generación del 80” llevaron adelante un proyecto de país agroexportador, para lo cual se necesitaba urgentemente mano de obra para aprovechar el potencial del campo argentino. Fue así que se favoreció y desarrolló un intenso proceso de inmigración europea, fundamentalmente de campesinos corridos por el hambre en sus tierras de origen, que al llegar a nuestro país colonizaron poco a poco todo el espacio adecuado a la producción agrícola, siendo el sur de Santa Fe y Córdoba junto al norte de Buenos Aires, la zona de mayor producción.

Pero la forma en que el trabajo estaba organizado generaba un sinnúmero de desigualdades e injusticias a la hora de repartir los beneficios de la producción. Efectivamente, los dueños de los campos ni siquiera los pisaban, y en muchos casos ni los conocían. Los que se encargaban de administrar sus campos eran los arrendatarios, generalmente gente de su confianza con algo de capital como para establecerse en el campo, muchas veces al frente de los conocidos almacenes de ramos generales donde todos los campesinos se aprovisionaban de sus elementos de necesidad para el trabajo y el consumo familiar.

Los arrendatarios eran los representantes de los verdaderos dueños de los campos, pero actuaban con plenas facultades como si fueran ellos mismos los dueños. De manera que subarrendaban parcelas a las familias campesinas inmigrantes en condiciones de explotación, pero que fueron aceptadas porque era la única oportunidad que tenía esa gente de establecerse en una actividad productiva y afincar su vivienda. Finalmente, entre lo que se llevaba el dueño del campo y el arrendatario, los que trabajaban la tierra estaban condenados a la necesidad y a las penurias.

Y la cosecha de 1912 fue excelente, aunque a los productores casi nada les quedó en sus bolsillos. Eso terminó de desatar la bronca, la indignación y, finalmente, la rebelión.

La asamblea que estamos recordando tomó la decisión dramática de la huelga general y su llamamiento a la resistencia, su “grito” se expandió como reguero de pólvora por toda la región.

El régimen de la tierra no se modificó en lo sustancial, pero el “Grito de Alcorta” fue la inspiración para que los campesinos se nuclearan y organizaran. Pocos meses después, el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina.

Allí comenzó la lucha de esos hombres y mujeres de campo, las familias campesinas inmigrantes de origen, por defender su trabajo y el arraigo a la tierra que trabajaban pero que no les pertenecía.

Tuvieron que pasar varias décadas para que el gobierno de Perón estableciera las primeras políticas de verdadera colonización del campo argentino, entregando tierras a los que las trabajasen.

Pero ese es otro de los tantos capítulos de la historia del campo argentino.

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