En el día de ayer, se reunieron en la ciudad de Rosario los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin con Miguel Moreno, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, que lleva una causa por posibles estafas de la concursada firma contra proveedores de granos.

En dicha causa, uno de los querellantes es el comité de bancos internacionales acreedores de la sexta agroexportadora a nivel nacional, quienes encargaron una investigación a un juzgado de Nueva York sobre los movimientos financieros de Vicentin y sus directivos.

El diputado santafesino Carlos Del Frade, miembro de la Comisión, declaró después del encuentro: "La reunión fue muy buena ya que aportó datos sobre la evolución de las causas iniciadas por los productores damnificados y los bancos extranjeros dañados por la empresa".

El legislador del Frente Social y Popular (FSP) detalló que, "queda claro que la mayor fuga de dinero (por parte de Vicentin) se dio entre los años 2017 y 2019 y que la firma contó con un sofisticado equipo de construir información falsa para conseguir cereal y dinero, que luego fueron a parar a paraísos fiscales", refiriéndose a la supuesta metodología para fraguar información y así sacar créditos con los bancos y granos a cuenta con diferentes traders y productores del agro.

En la opinión de Del Frade, "la profundización de las investigaciones penales por un lado, y las decisiones que se tomen en el concurso por otro, serán fundamentales para defender las fuentes de trabajo, devolver el dinero y sostener la presencia nacional en el comercio exterior de granos".

Desde 2017 Vicentin empieza a falsear datos deliberadamente para hacer pasar una situación extraordinaria (de bonanza) que en realidad no lo era.

Según el diputado, se desprende de la investigación en curso que, "desde 2017 Vicentin empieza a falsear datos deliberadamente para hacer pasar una situación extraordinaria (de bonanza) que en realidad no lo era", con el fin de mostrar un simulado respaldo y solvencia económica por el supuesto éxito de su operación, ante acreedores, proveedores y prestamistas y así sacar réditos económicos. "Lo que queda claro es que hay alguien que tenía que controlar y no controló nada", explicó  acerca del default y posterior concurso de la mayor agroexportadora de capitales nacionales de la Argentina.

Vicentin se declaró en cesación de pagos por “estrés financiero” en diciembre del año pasado y después de intentar un acuerdo extrajudicial en enero de 2020, pidió la apertura de su propio concurso preventivo de acreedores ante la justicia de la ciudad santafesina de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lorenzini. En ese expediente diversos acreedores -proveedores y financieros- reclaman unos 100.000 millones de pesos que deben ser verificados por la Sindicatura concursal.

Además del concurso, el magistrado Julián Ercolini lleva adelante otra causa donde se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación al grupo.

En paralelo, el fiscal Moreno investiga desde julio de 2020 una denuncia por presunta estafa presentada por Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA., quien declara haber firmado un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja por un valor de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.

El último despacho por parte de La Clementina, se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día más tarde anunció su cesación de pagos por “estrés financiero”, por lo que el proveedor de granos se consideró estafado.

En dicha causa, el magistrado Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre último una medida de no innovar para evitar la venta de activos de Vicentin, después de que el Grupo se desprendiera del frigorífico “Friar”, por fuera del concurso de acreedores.

Fuente: Télam.

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