Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), a través de su Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA), realizan cada año un relevamiento cuatrimestral en los meses de marzo, julio y noviembre, con el objetivo de reunir información sobre percepciones y expectativas económicas y financieras, y la evolución técnica y productiva de la campaña en curso. A fin de brindar referencias que faciliten la toma de decisiones de los distintos agentes que participan de la cadena agroalimentaria, se publicaron los datos del último sondeo.

La información recabada por SEA-CREA, sobre una muestra representativa de 1181 empresarios del sector, demuestra el pesimismo que existe entre los integrantes de esta cadena productiva tanto frente al “cisne negro” que representa el coronavirus como por el escenario post pandemia.

En tal sentido, el 66% de los encuestados consultados indicó que prevé que la situación económica del país empeorará dentro de un año, en línea con los datos arrojados por el Índice de Expectativas Futuras, del Ag Barometer de la Universidad Austral, que indicaba que la confianza de los productores cayó a su piso histórico. Esta falta de confianza también se refleja en las expectativas respecto a la actividad en sí misma, ya que el 45% estima que, en los próximos 12 meses, la situación económica y financiera de su negocio podría empeorar.

Otro de los puntos que, según el grupo relevado, afecta a las expectativas del agro nacional se relaciona estrechamente con la progresiva depreciación del valor de los granos. Factor que además repercutirá directamente sobre la superficie agrícola promedio por arrendar, que por primera vez desde 2015 caerá también asociada a las perspectivas climáticas poco alentadoras.

En relación al aislamiento obligatorio y a las restricciones establecidas por los gobiernos provinciales y municipales, las regiones CREA Litoral Norte (NEA), Patagonia, Centro (San Luis y centro-sur de Córdoba), NOA y Chaco Santiagueño fueron las más afectadas. Un 15% de las empresas destacaron haber pasado por dificultades respecto a la comercialización de productos agropecuarios a causa de la imposibilidad de circular entre provincias, por las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación de la COVID-19.

Si bien las actividades relacionadas al campo fueron consideradas esenciales por el Ejecutivo Nacional, los productores no pudieron escapar a los bloqueos de caminos ni a la burocracia que establecía cada provincia en particular.

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