Estados Unidos ratificó r los aranceles sobre el biodiésel argentino y tanto el Gobierno nacional como las empresas argentinas apelarán esta decisión, según pudo reconstruir este medio. El conflicto empezó en 2016, cuando el entonces presidente Donald Trump abrió una investigación y sancionó a los fabricantes argentinos con derechos de casi 150%, entre aranceles antidumping y antisubsidios. Las ventas externas a ese país representaban un ingreso de divisas anual cercano a los 1.200 millones de dólares.

La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos ratificó los aranceles sobre el biodiésel proveniente de la Argentina, a pesar de la revisión del Departamento de Comercio de Washington. Ante este escenario, fuentes oficiales confirmaron a BAE Negocios que apelarán la decisión. “Es apelable ante una instancia judicial superior en los próximos sesenta días”, señalaron. Y agregaron: “El Gobierno argentino trabajará con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión”

El principal argumento de los norteamericanos radica en el diferencial de retenciones del complejo sojero, en donde el poroto tributa 33% y los subproductos 31%. A partir de esta situación, consideran que el biocombustible argentino incurre en prácticas desleales, pero los empresarios argentinos advirtieron que esta situación se origina en una fuerte presión de los fabricantes en Estados Unidos, en el contexto de las políticas proteccionistas de la Casa Blanca.

A nivel local, esta industria cuenta con una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas y es una de las más eficientes a nivel mundial, pero trabaja con una elevada capacidad ociosa, cercana al 50%. En la actualidad, la producción se ubica en el rango de las 2 millones de toneladas, divididas en partes casi iguales entre mercado interno y producción.

Victor Castro, gerente ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), cuestionó está decisión. “No estamos incurriendo en ninguna práctica desleal”, argumentó y señaló que uno de los factores de peso fue la presión de los productores norteamericanos ante las autoridades norteamericanas. En el mediano plazo, tanto fabricantes como Cancillería seguirán en el circuito federal de apelaciones en ese país, para buscar un acceso de mercado consensuado, en un negocio que antes de 2016 movilizaba 1 millón de toneladas anuales.

Voceros del complejo agroexportador expresaron su preocupación por este panorama y señalaron que la decisión del organismo norteamericano dejó de lado los argumentos y evidencias presentadas por esa cadena de valor. “Ahora vamos a evaluar esta situación junto a un estudio jurídico de Estados Unidos, pero demorará un mes”, admitieron.

Las pymes del sector biodiésel no se ven afectadas de manera directa por esta situación, pero igual dejaron en claro su postura sobre esta decisión. “Afecta a toda la cadena de agregado de valor sojera y el impacto se percibe más por la actual capacidad ociosa”, estimó Juan Facciano, director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer). A nivel mercado interno, esperan la ratificación de la nueva Ley 27.640, mientras la Secretaría de Energía asignó los nuevos cupos para septiembre y fijó los precios de este biocombustible hasta noviembre.

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Andres Lobato

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