La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió comunicado de prensa en el día de ayer, en el cual manifiesta su preocupación frente a las restricciones que el Banco Central de la república Argentina presentó a través de la Comunicación "A" 7018 el jueves pasado.

La entidad del campo expresó que "ve con profunda preocupación la decisión adoptada por el Banco Central de la República Argentina de discriminar al campo al restringir el otorgamiento de créditos".

Cabe mencionar que el BCRA dispusó a través de la mencionada comunicación que a partir de hoy, lunes 18 de mayo, solo podrán acceder a los créditos a tasa subsidiada del 24 % aquellos productores pymes que tengan acopiada no más del cinco por ciento de su cosecha de trigo y/o soja.

Frente a esto, Carbap explica que está decisión obliga a los productores a "vender casi la totalidad de su cosecha de trigo y/o soja y no mantener ganos almacenados en acopios o silos bolsa. Y en el caso de las compañías grandes, las que no hayan comercializado el 95 por ciento de su cosecha, se les incrementará la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito de toda financiación".

Discrimina y cercena la posibilidad de financiamiento al sector más dinámico de la economía, y el único generador de legítimas divisas del país.

De ahí la preocupación del sector que se siente una vez más menospreciado en su rol dentro de la economía del país: "se trata de una disparatada medida que discrimina y cercena la posibilidad de financiamiento al sector más dinámico de la economía, y el único generador de legítimas divisas del país".

Por otro lado, el comunicado de prensa aborda cuestiones de índole política al afirmar el descontento contra las decisión de la Oficina Anticorrupción a cargo de Felix Crous "de renunciar a la querella por causas de corrupción que involucran a la actual vicepresidente, incumpliendo por el cargo que ejerce las atribuciones asignadas".

Además Carbap manifiesta malestar frente a las atribuciones concedidas al Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional en materia presupuestaria en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. La entidad expresa que se trata de una delegación de poderes a través del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, y deja entrever dudas acerca de la constitucionalidad de estas acciones.

Por último, la confederación cierra el documento con firme convicción y contundencia en defensa "de la República, de la libertad y de las instituciones" y enfatiza nuevamente "la profunda preocupación que provoca la sesgada mirada que desde el Gobierno se tiene con la comunidad productiva en su conjunto".

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