La decisión del Gobierno de ordenar la intervención de la empresa Vicentin, anunciada por el presidente Alberto Fernández, persigue el doble objetivo de otorgar una mayor previsibilidad en el mercado de granos y evitar maniobras especulativas al momento de liquidar las divisas provenientes del complejo agroexportador. En declaraciones televisivas, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que la expropiación "permite pensar una empresa para el sector agropecuario que tenga una mirada en los productores, territorial, y que sea una empresa testigo, en el mercado de granos y en el de cambios".

El funcionario detalló que con la empresa manejada por YPF Agro, el Estado podrá controlar entre un 10% y un 14% del mercado granario y pasará a ser un jugador importante -pero no mayoritario- en el negocio. Un vistazo a los números de Vicentin permite ver su peso específico en la estructura comercial agroindustrial. En 2019, de acuerdo con estadísticas oficiales, la firma lideró las exportaciones de aceites y subproductos, con envíos que sumaron 7,42 millones de toneladas, con pellets de soja (5,72 M/t) y aceite de soja (1,17 M/t) entre los productos con mayor presencia.

Desde el Gobierno entienden que el inicio del derrotero de Vicentin, a finales del año pasado, generó un problema por partida doble. El más urgente radicó en los problemas que se presentaron en la cadena de pagos del agro santafesino, que sintió con fuerza el golpe de su caída. Pero las autoridades también empezaron a ver con preocupación que este grupo fuera adquirido, a un valor muy por debajo de su cotización real, por operadores externos. Con el anuncio del presidente Fernández anularon esta posibilidad y se aseguraron un mayor control de las divisas generadas por la empresa, una caja que, por año, oscila entre los USD3.000 millones y USD4.000 millones.

Fuentes de la industria exportadora de granos consultadas por BAE Negocios reconocieron su sorpresa ante la decisión de la Casa Rosada. "La soberanía alimentaria de nuestro país siempre ha estado garantizada", señalaron, de la mano de una gran capacidad de industrialización. Pero más allá de esta situación, reconocieron algunos aspectos positivos de la medida. Según detallaron desde este sector, uno de ellos es que lleva tranquilidad a los miles de productores que tienen deudas con Vicentin, ya que "ahora tendrán la garantía del Estado". Este tema no es menor, con una deuda en donde el Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones; seguido por el Provincia, con $1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $5 millones.

En este contexto, los exportadores también dejaron entrever alguna preocupación con respecto al futuro de la firma que estará bajo la tutela de YPF Agro. "Es importante que sea parte de las mismas reglas de juego y tenga igualdad de condiciones que las demás empresas", advirtieron.

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