El desembarco del Estado nacional en la firma Vicentin empieza a tomar forma y tras la firma del traspaso entre Gobierno y empresa, directivos de las entidades que representan a los productores y a la cadena de valor agroindustrial expresaron sus opiniones, que oscilan entre la aprobación de entidades como Federación Agraria Argentina (FAA) y la preocupación de las cadenas de valor de los cultivos y las bolsas de cereales.

Carlos Achetoni, presidente de FAA expresó en declaraciones televisivas que si  “se respetan los procesos judiciales no hay inconveniente que se realice una protección de los capitales de Vicentín, estamos de acuerdo con que se investigue todo.”. El directivo agregó que esta acuerdo conjunto debe brindar a los pequeños productores y a las cooperativas la posibilidad de operar con normalidad.  

Por su parte, el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, destacó la potencialidad de las cooperativas en este nuevo escenario que empieza a configurarse en el negocio granario. “El sector cooperativo puede aportar mucho al funcionamiento de muchas acciones de la empresa”, estimó. Además, agregó: “Hay fuerzas empresarias cooperativas de muy buena gestión y podemos rápidamente encauzar actividades productivas y proteger el empleo”.

En un comunicado firmado por las cuatro asociaciones que representan a los principales cultivos argentinos (ACsoja, Maizar, Argentrigo y Asagir), remarcaron que “vemos con preocupación una nueva intervención del Estado a través de la estatización de empresas”.  

Con un volumen de producción granaria que se ubica sobre los 145 millones de toneladas, desde las entidades manifestaron que, de la mano de inversiones privadas, constituyen uno de los sectores económicos más eficientes del país. “La intervención estatal genera incertidumbre y preocupación e implica el riesgo de distorsionar los precios”, advirtieron.  Para estos directivos, el Estado debe reorientar recursos para generar políticas que impulsen la producción.  

En tanto, las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe manifestaron que “se encuentran a la espera de mayores precisiones sobre los términos y alcances  proyecto de ley de expropiación, que sería enviado al Congreso de la Nación”.