A días de que Alberto Fernandez anunciara que dieron vuelta atrás con la decisión de intervenir Vicentin S.A.I.C, las reflexiones a favor y en contra resuenan en prácticamente todas las veredas.

La derogación del DNU 522/20 implicó una movida arriesgada con altos costos políticos: Los oficialistas que respaldaban la medida sintieron desaliento al derogarse la medida mientras que la oposición vió con satisfacción cómo luego de muchas quejas se evitó lo que para ellos era un "paso hacia Venezuela".

Lo cierto es que la derogación del DNU, no se trató de un triunfo de las operaciones mediáticas sino una decisión tomada para "preservar los intereses del Estado". "El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa", explicó Fernandez vía Twitter al dar a conocer la disposición.

El Presidente destacó que el objetivo de la intervención era "rescatar a la empresa, resolver el problema de los productores, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo", pero terminó por convertirse en un "salvataje para los empresarios", que lejos de dar respuestas por las irregularidades de las cuentas de la empresa, "impidieron conocer lo que pasaba" en complicidad con "el juez interviniente que no permitió que el Estado conozca el pasivo real de la compañía". 

Sin tener el Balance y Memoria de la empresa durante el transcurso del 2019, para el Estado intervenir la empresa era subsanar "las irregularidades en los créditos dados por el Banco Nación, las denuncias de lavado de dinero, las denuncias acerca de la desviación de recursos y estatizar una deuda privada", obligando a "los argentinas y argentinos hacerse cargo de un proceder irresponsable de los administradores".

Derogar la intervención, por otra parte, para Fernández, es hacer cumplir la "obligación del Estado en que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en la que la empresa ha caído (...) y dirimir las responsabilidades por los créditos que se le dieron a la firma".

Fernández, mientras avanza la derogación, no escatimó palabras acerca de la situación que se generó y afirmó ante C5N que la discusión y polémica en los medios fue "una prueba contundente del daño que generan los falsos dilemas".

El Presidente aseguró que, luego de que se diera a conocer la medida, se demonizó su figura y se dijo que era "un expropiador serial, un tipo que se quería quedar con las viviendas de la gente y las empresas", mientras que no se explayaron en las irregularidades de la empresa y las consecuencias que tendría que un gigante exportador como Vicentín se disuelva.

A su vez, el Presidente lamentó que "los directivos y la justicia no hayan abierto las puertas durante 60 días", truncando así el objetivo inicial de la intervención.

Por último, Fernandez aclaró que la intervención no fue de una decisión por motus proprio sino que "fueron los mismo directivos los que acudieron al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, para alertarlo que estaban en una situación financiera complicada". Y al recibir el planteo, para él fue un "problema alucinante para el sector exportador, la provincia de Santa Fe y los productores", por lo que decidieron ordenar la intervención.

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