La decisión del Gobierno nacional de no otorgar el crédito al 24% para el sector agropecuario a quienes guarden más del 5% de su producción de trigo y soja generó un fuerte rechazo en las entidades gremiales del campo. Mientras el Gobierno no se ha pronunciado sobre este tema, desde la Mesa de Enlace dejaron en claro su descontento ante esta medida del oficialismo.

Tras el aumento de los derechos de exportación al complejo sojero al 33% y la pandemia del coronavirus, los ruralistas y el oficialismo vivieron días tranquilos, con reuniones virtuales y sin enfrentamientos. Pero desde finales de la semana pasada, se volvió a reavivar la tensión.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) estimaron que el Gobierno nacional ha incurrido en una "cadena de desaciertos" y "errores de diagnósticos". Desde la entidad presidida por Jorge Chemes acusaron al oficialismo de generar "tasas impositivas confiscatorias y políticas de Estado adversas", entre otros puntos.

Por su parte, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sostuvieron que se trata de una situación "que discrimina y cercena la posibilidad de financiamiento" a los productores. Para los gremialistas bonaerenses, será difícil encauzar la actividad del sector agropecuario post pandemia sin una adecuada financiación.

Además de las gremiales del campo, las entidades de productores hicieron oír su voz, como el caso de la Asociación de Productores Ganaderos y Agrícolas del Norte (Apronor), que justificó su postura de rechazar esta medida al entender que afecta el ritmo de trabajo de establecimientos agrícolas y ganaderos. "Por un lado, hay campos mixtos en los que se almacenan granos para la alimentación del ganado", señalaron, además de argumentar que los productores venden granos " de acuerdo a sus necesidades".