La firma Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), en la que recientemente asumió la presidencia el santacruceño Agustín Gerez, pidió a la Justicia Federal citar a declarar a varios exfuncionarios macristas en el marco de la causa que investiga graves irregularidades en la venta de dos centrales termoeléctricas.

La Opinión Austral pudo conocer que la estatal, querellante en la causa "N° 20.489/2018 "Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta", presentó el pedido ante el juez Sebastián Casanello por la venta de las centrales Brigadier López y Ensenada de Barragán.

Las personas que la querella requirió que presten indagatoria son el exministro de Energía Javier Iguacel, el exsecretario de Energía Gustavo Lopetegui, los expresidentes de IEASA Mario Agustín Dell'acqua y Claudia Liliana Mundo, el exvicepresidente de IEASA Luis Eduardo Pintos y el exdirector Daniel Gustavo Minenna.

La presentación de la compañía estatal argumenta que hubo "flagrantes irregularidades y arbitrariedades realizadas durante los procesos licitatorios de la venta de las centrales termoeléctricas" y que en ese marco se eliminó arbitrariamente la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

"Esto implicó una pérdida para IEASA de al menos US$ 118.154.000", se aseguró.

Asimismo, se expuso que "antes de la venta, en el año 2018, la Comisión Fiscalizadora de IEASA había advertido, a los entonces directores de la empresa, la inconveniencia de adjudicar la licitación de la central Brigadier López al único oferente presentado", pero que igualmente estos adjudicaron.

También se apunta directamente hacia el exsecretario Lopetegui, que "eliminó US$ 50.100.000 como parte del mínimo del precio base a ofertar para el segundo llamado a licitación de la central térmica Ensenada de Barragán", exponiendo que "lo hizo en contra del propio expediente y de lo resuelto en los directorios y asambleas de IEASA".

"Se otorgaron injustificadas facilidades y ventajas a los oferentes en perjuicio de los intereses de IEASA y del Estado Nacional de manera irregular, con la falsa excusa de mayor concurrencia y de mejores ofertas", expuso la parte querellante, señalando que esto trajo como resultado que sólo se presentara una oferta en cada licitación a "un precio vil" y que, igualmente, el gobierno de Cambiemos lo adjudicó.

La causa

Se inició en 2019, con una denuncia de los diputados del FpV Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

A fines octubre de 2017 la gestión de Macri ordenó la privatización de importantes activos del Estado Nacional a través de Decreto N° 882, entre ellos, las centrales térmicas.

En agosto de 2018 el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en US$ 305.906.000 y el de Brigadier López en US$ 207.110.000.

Entre mayo y junio de 2019 la administración de Macri adjudicó la central Barragán por US$ 229.529.500 y la Brigadier López en US$ 165.432.500, muy por debajo de sus valores patrimoniales tasados.

Según los cálculos de IEASA, el Estado se perdió de recibir US$ 76.376.500 por Barragán, que fue adjudicada a YPF-Pampa, y unos US$ 41.677.500 por Brigadier López, que pasó a manos de Central Puerto, una empresa de Nicolás Caputo, amigo y socio del expresidente Mauricio Macri

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