Hace tiempo la agenda ambiental viene planteando un cambio del statu quo. Las actividades asociadas al uso y explotación de la tierra se encuentran atravesando transformaciones en los procesos y técnicas empleadas en base a los cada vez mayores cuestionamientos a los que hace frente la producción de alimentos a nivel mundial.

La revolución verde, reconocida por haber resultado esencial en evitar el hambre en el mundo a través del paso de la agricultura tradicional a una más intensiva y de alto rendimiento, plantea hoy un escenario menos atractivo, ligado a la deforestación y la degradación forestal, considerados ambos factores de incidencia directa en el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad.

Según informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se calcula que “entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque”. En tanto que, en términos netos, esto es “diferencia entre la superficie forestal talada y la nueva superficie de bosques plantados o regenerados”, la FAO estima que se perdieron en el mundo “178 millones de hectáreas de cobertura forestal en el mismo período de tiempo”.

Luego del compromiso asumido al cierre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), y avanzando de acuerdo al Pacto Verde Europeo, en Bruselas se puso en marcha una medida que intenta poner un freno a las acciones que aceleran el ritmo del cambio climático provocado por el hombre. Desde la sede política de la Unión Europea (UE) proponen una nueva regulación que prohíba el ingreso de productos asociados a la deforestación, entre ellos: la soja, la carne vacuna, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café, como así también algunos de sus productos derivados, como el cuero, el chocolate y los muebles.

Poder garantizar que los productos no fueron producidos en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020 y que cumplen con la legislación del país de origen.

El objetivo es garantizar que solo se permitan en el mercado de la UE productos legales y libres de deforestación (de conformidad con la legislación del país de origen)”, explican desde la Comisión Europea, la institución que ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa de la UE. Con este reglamento, la Comisión plantea promover el consumo de productos que reduzcan el impacto de los estados miembros, y de sus 450 millones de ciudadanos, en la degradación forestal a escala mundial, en un intento de conservacionismo de los bosques y la especies que los habitan.

Los productos mencionados fueron seleccionados en base al análisis de datos científicos e investigaciones previas que permitieron calcular los costos y beneficios de las restricciones en términos ambientales y económicos, planeando incluso restringir aún más la selección. De acuerdo a lo evaluado por la Comisión, la normativa reduciría “al menos 31.900.000 toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año debido al consumo y la producción de tales productos básicos en la UE, lo que podría traducirse en un ahorro económico de al menos 3.200 millones EUR anuales”.

Ahora bien, ¿qué implicará la aplicación de la reglamentación a los productores? Tanto para los que integren la UE como para los que estén fuera de esta se les exigirá poder garantizar que los productos no fueron producidos en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020 y que cumplen con la legislación del país de origen. Además, los deberán pasar por un proceso de 3 etapas que los habilitará o no, de acuerdo a lo establecido por los “sistemas de diligencia debida”.

El primer paso será “garantizar el acceso a la información” sobre el proceso productivo. Una de las claves de esta etapa exige brindar las “coordenadas geográficas de las parcelas donde se hayan producido los productos básicos que comercializan”. Con estos datos, planean a través de la geolocalización y las imágenes por satélite realizar un seguimiento y trazabilidad del uso de la tierra que permita detectar cualquier cambio que denote el avance de la deforestación. La segunda etapa requiere por parte de las empresas el análisis y revisión de los riesgos de la cadena de suministros empleada. En tanto que la tercera propone avanzar sobre la adopción de medidas de mitigación.

En base a estos datos, la Comisión Europea “aplicará un sistema de evaluación comparativa” que determinará qué países representan un “riesgo bajo, estándar o alto de producir productos o productos básicos que no estén libres de deforestación”, lo que implicará mayores o menores posibilidades de ingresar a los mercados de la UE. También se contempla la confiscación de los productos e ingresos generados por las transacciones comerciales. Además podrán imponerse multas “proporcionales al daño medioambiental y al valor de las mercancías”, equivalentes “al menos el 4% del volumen de negocios anual de los operadores o comerciantes en el estado miembro”.

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