“La ley está trabada, como todas las leyes importantes, por el reordenamiento del Congreso. Pero no está cajoneada. Nos dijeron que esperemos”.

La frase proviene de una de las personas que monitoreó la redacción del proyecto de ley de inversiones para los hidrocarburos. La iniciativa fue presentada formalmente el pasado 15 de septiembre, día en que se desató la catarata de renuncias luego de la carta de Cristina Fernández de Kirchner post PASO.

El proyecto de ley es clave en el esquema exportador que contempla el Gobierno Nacional como garantía de repago de la deuda con el FMI. El organismo le reclama a la Argentina juntar dólares para las reservas del Banco Central y así conformar a los acreedores. El Ejecutivo apuesta a que tanto el crecimiento del PBI como la acumulación de divisas sea por la vía exportadora.

El jueves pasado, en el cierre de la Conferencia Anual de la UIA, el presidente Alberto Fernández ratificó el rumbo exportador y volvió a nombrar a la ley (el proyecto) de inversiones en hidrocarburos como eje central.

En la Conferencia Anual de la UIA, el presidente Fernández ratificó el rumbo exportador

El proyecto quedó subsumido bajo su problema de origen, la absoluta centralidad que cobró la Secretaría de Energía en la gestión de los futuros proyectos, con varios borradores que debieron ser corregidos u observados por CFK.

“Las provincias no están en condiciones de convalidar este proyecto cuando no participaron de su discusión”, explicó a La Opinión Austral el analista Rubén Zárate, integrante de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo Tecnológico.

Ahí radica una de las principales críticas del propio oficialismo. “La ley de hidrocarburos no va a pasar. El artículo 43 es invotable. Encima es una ley que vino mal parida”, explicó una de las principales espadas legislativas del oficialismo.

El equipo económico buscó convencer a las petroleras privadas antes que a los sindicatos y las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Y terminó cosechando críticas por todos lados.

Pero el escollo no sólo es parlamentario, sino también de los gobernadores, actores claves en el manejo de los recursos.

El artículo 43 al que hacía referencia el dirigente del PJ es el que le confiere la centralidad a la Secretaría de Energía en la toma de decisiones de los recursos naturales mediante un Consejo de Inversiones que podría decidir sobre cada uno de los proyectos que se presenten.

“Es una ley que peca de porteñismo”, había dicho Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén. En la reforma constitucional del 94, el manejo de los recursos naturales quedó bajo jurisdicción de las provincias. Tal como fue redactado el proyecto, la OFEPHI queda desdibujada. Esto lo entiende muy bien Cristina Fernández de Kirchner, quien objetó varias veces el borrador.

Las negociaciones continuaron. “Ya se les dijo a los gobernadores que el artículo 90 (también referido a la centralidad de la Secretaría de Energía) se va a modificar”, explicaron a LOA desde una de las principales petroleras del país con foco puesto en el mercado local.

La puja por las divisas

El conjunto de empresas privadas sólo está interesado en el acceso a las divisas que puedan generar a partir de los incrementos de la producción y las exportaciones en firme. Es decir, la norma les garantizaría la dolarización de sus excedentes a un tipo de cambio oficial.

Si bien la lógica indica que a mayor producción también habría más recursos para el mercado interno, la zanahoria para las inversiones son las exportaciones. Y bajo esa premisa, muchas compañías reclaman mayores márgenes de exportación a los comprometidos en el proyecto.

“Todo pasa por las exportaciones y los no convencionales. Pero a YPF le interesan también los desarrollos de los pozos de baja productividad y el capítulo sobre los proveedores locales”, indicó un directivo de la compañía.

Otro aspecto que se cuestiona, desde algunos sectores del oficialismo, es el marco de estabilidad fiscal por 20 años que impediría utilizar una suba de las retenciones como instrumento de política económica frente a los vaivenes internacionales. A su vez, como la iniciativa dejó afuera el debate por el barril criollo, el Estado quedaría sin instrumentos para evitar una mayor dolarización del precio de la energía.

La iniciativa legislativa argentina dejó afuera un posible debate por el barril criollo

“Los precios internacionales y locales no ameritan esta estabilidad que se propone. Al resto de la economía se le retacean dólares pero con este proyecto se les garantizan divisas a las empresas para que financien su propia transición energética. No parece muy lógico”, reflexiona Zárate. “Lo que viene es una lucha por las divisas y no por el desarrollo”, agrega.

Proveedores locales

Este capítulo podría ser esencial para el sector petrolero y para la economía en su conjunto a través de la sustitución de importaciones.

El Banco Nación, junto a su área dedicada al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, elaboró una investigación titulada “Industria argentina: oportunidades para la sustitución de importaciones”.

Es una guía para pensar dónde están los dólares para sostener un proceso de crecimiento con distribución de la riqueza e inclusión social.

Luego de realizar entrevistas a las principales empresas a las que el Banco les otorga financiamiento, los investigadores concluyeron que muchas de esas grandes compañías estarían en condiciones de sustituir importaciones pero no lo hacen porque sus accionistas privados prefieren repartir ganancias, dolarizar sus excedentes o no invertir en desarrollo de proveedores. Lo que hablaría de la necesidad de contar con una decisión política que las incentive a modificar sus conductas.

YPF, por ejemplo, estaría en condiciones de sustituir el 37 por ciento de sus importaciones por productos nacionales según el análisis realizado desde el Banco Nación.

“Las potenciales oportunidades de sustitución de importaciones en productos manufactureros se estiman en más de 11 mil millones de dólares anuales, lo cual representa aproximadamente el 20 por ciento de las importaciones manufactureras”, escribieron Cassini, Rameri y Schorr.

El Plan B

El esquema exportador basado en materias primas, para juntar reservas y garantizar el crecimiento del país no garantiza por sí solo redistribuir la riqueza. Se necesitaría el armado de un esquema de desarrollo basado en industria local y la transferencia de tecnología y la sustitución de importaciones.

Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería y expreso político del macrismo, habla de un Plan B: conformar un fideicomiso integrado por las inversiones ya comprometidas por China y Rusia en infraestructura como por ejemplo las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, Chihuido, entre otros proyectos de telecomunicaciones y Fabricaciones Militares.

“Son inversiones por 100.000 millones de dólares. Con el 3 por ciento de eso por año, se le puede empezar a pagar al Fondo dentro de cinco años, a razón de 3.000 millones durante 3 lustros”, explican allegados a Ferreyra. Se debería contar con el aval del organismo y Estados miembros. Siempre prima la geopolítica.

Los estados productores reclamaron mayor participación en la futura normativa

“No alcanza con paritarias libres y reactivar la economía. Se impone la puesta en marcha de un plan de obras públicas que genere un shock de empleo”, puede leerse en un documento presentado por el Foro contra el Lawfare.

La geopolítica no sólo juega a nivel internacional. También existen escollos internos. Si la adenda del contrato de financiamiento para las represas en Santa Cruz no se firmó aún, luego de un abandono del macrismo en 2018, fue por la negativa de Gustavo Beliz.

El proyecto de ley es clave dentro del esquema exportador que contempla el Gobierno

El Frente de Todos deberá sortear sus indefiniciones. Y, quizás, abrir el juego a otras ideas. El llamado Plan B, el programa de sustitución de importaciones esbozado por el Banco Nación y la ley de incentivos a las inversiones hidrocarburíferas podrían y deberían actuar en tándem.


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