El anuncio del impuesto a la "renta inesperada" sigue generando tensiones entre el campo y el Gobierno nacional. Un informe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló que esta medida representa un incremento encubierto en los derechos de exportación, que se traducirá en mayores costos para el eslabón primario. Por su parte, economistas consultados por BAE Negocios expresaron que no se trata de una suba en retenciones, tal como lo plantea el sector productivo.

"El impuesto lo van a pagar los productores y las empresas agroexportadoras lo van a trasladar en el precio de los granos", consideraron desde CRA. Otro de los argumentos esgrimidos por los confederados es que esta medida tampoco considera que el conflicto en la zona del Mar Negro encareció los costos de producción, con alzas en insumos, fertilizantes y combustibles.

De acuerdo a los ruralistas, si bien el gravamen estará orientado a las grandes empresas, los productores absorberán costos extras. "El verdadero agente recaudador será el campo, las exportadoras trasladarán esas diferencias de precios", destacaron. En concreto, afirmaron que recibirán un menor precios por sus granos cuando los entreguen a la industria.

El economista Martín Kalos consideró que si bien falta conocer la letra chica del proyecto de ley que presentará el oficialismo, no se trata de un aumento en los derechos de exportación, tal como argumentan desde el campo. "Es un incremento a las ganancias, en las empresas que más se han beneficiado", destacó. Y agregó, en relación a los reclamos del campo sobre una suba encubierta en este impuesto: "Querer llevar todo a derechos de exportación es querer forzar políticamente"

En este punto, consideró que si la ganancia en el sector exportador existe, tal como plantea el Gobierno, se puede pagar. "Hay que ver dentro de la cadena quién puede soportar este nuevo gravamen", afirmó. En este punto, las miradas sobre la renta que percibe el agro difieren. La Casa Rosada sostiene que la cadena de valor granaria se encuentra ante un escenario favorable de precios internacionales, amplificado por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, mientras que industria y productores insisten que las subas en los costos de producción recortan la rentabilidad. En ese sentido, Kalos destacó que si se cobra el impuesto es porque efectivamente los ingresos superaron a los costos.

De cara al inicio de la campaña 2022/23 y con un oficialismo urgido por la necesidad de hacerse de dólares frescos, Kalos también estimó que imponer un nuevo impuesto o subir uno ya existente con la cosecha casi finalizada, quita previsibilidad para que los productores reinviertan sus utilidades. Además del campo, el sector exportador también expresó su rechazo a gravar la "renta inesperada" del campo. Los industriales consideraron que además de ser uno de los sectores que más aporta en impuestos, a partir de la reciente suba en retenciones para aceite y harina de soja, sumarán USD400 millones adicionales a las arcas fiscales.

En las próximas semanas, el oficialismo enviará un proyecto de ley al Congreso para avanzar en esta dirección. El ministro de Economía, Martín Guzmán, remarcó que uno de los criterios para su puesta a punto será que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa durante 2022 respecto de 2021.

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Andres Lobato

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