El Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores rechazó esta semana una medida cautelar presentada por el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo, en donde el legislador pretendía frenar un impuesto presentado por el intendente del Frente de Todos, Francisco Echarren, que por única vez y frente a la pandemia del coronavirus, apunta a cobrar al sector agropecuario de la ciudad bonaerense de Castelli una tasa que oscila entre los $2.000 y $42.000. Ese juzgado también denegó un pedido similar presentado por tres productores de la zona.

Como se recordará, el jefe comunal de Castelli presentó la propuesta para este impuesto en los últimos días de marzo, a través del Decreto 377/2020 y la medida generó un rechazo casi unánime en el sector agroindustrial. El impuesto, que hará efectivo por única vez, se calcula en base a una escala de superficie de 50 a 1.000 hectáreas y el costo es de $42 por hectárea.

Bugallo presentó un escrito ante la justicia de Dolores, en donde invocando su carácter de legislador provincial, señaló que la medida decretada por el municipio de Castelli no respeta "ningún principio lógico del derecho tributario" y exigió que "se suspenda inmediatamente la percepción del tributo". En su argumentación, el diputado también señaló que se afectaría "deliberadamente la economía de cientos de productores", al suponer que por el solo hecho de dedicarse a tareas rurales contarían con una mayor "capacidad contributiva".

A la hora de emitir un fallo, el juzgado encabezado por el Dr. Antonio Marcelino Escobar rechazó el pedido del legislador, al entender que en la medida cautelar requerida "no se hallan mínimamente acreditados en autos los requisitos esenciales que hacen a su viabilidad". Además, los costas del proceso judicial correrán a cargo del diputado opositor. En paralelo a la presentación de Bugallo, tres productores agropecuarios de la zona presentaron una petición similar en el mismo juzgado, que también fue rechazada.

Ante una consulta de BAE Negocios, el jefe comunal de Castelli expresó que "una minoría política quiso judicializar este tema y la Justicia respondió con dureza". Echarren también reconoció que el dinero que el legislador deberá abonar tras el fallo lo destinará a la compra de alcohol en gel para el municipio.