Las declaraciones de Luis Basterra para el programa “Volver Mejores” de Dady Brieva, en radio El Destape, despertaron nuevamente la polémica y cosechan la indignación de referentes de las entidades agropecuarias.

Durante la entrevista, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación fue consultado acerca de las múltiples roturas de silobolsas registradas en campos de diferentes puntos del país y, respondiendo a su entrevistador afirmó que estos hechos delictivos son “un problema entre particulares”, para luego agregar que vincularlos a un ataque político “es un absurdo”.  Incluso, se animó a listar algunos de los motivos que pueden ocasionar los ilícitos: “Ocurren conflictos entre vecinos, entre el patrón y el empleado, entre el transportista que no le dieron el servicio, entre productores porque uno le quitó el campo al otro porque pagó más por el alquiler y alguna gente se enoja, va y le mete con una trincheta y lo rompe”.

“Nosotros somos conscientes del problema de la inseguridad en el campo, por las distancias, por el medio” dijo Basterra, pero también reparó en que la modalidad no es nueva. Y apuntó a los medios que encontraron en la difusión de las imágenes “una excelente oportunidad de mostrar algo que es doloroso”, ya que simboliza la pérdida del trabajo de un productor.

Frente a estas declaraciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó en su cuenta de Twitter que el Estado debe intervenir “previniendo primero, investigando e impartiendo justicia, después”. Además pidió responsabilidad a “los políticos que están al frente del Poder Ejecutivo” que son quienes tienen “que prevenir y esclarecer los ataques”.

Subiendo un poco más el tono, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) reclamó que “si hay un tinte ideológico o no, es un tema secundario” ya que “cualquiera sea el origen de los ilícitos, éstos deben investigarse y prevenirse”. Y repudiaron los dichos de Basterra que "no hacen más que acrecentar nuestra desconfianza e incertidumbre”.

En medio de la ola de inseguridad, que ya afecta a 129 productores en todo el país, la entidad cordobesa cerró el texto con un fuerte llamado de atención: “El Estado tiene una obligación indelegable que es la seguridad pública. Sin embargo, no vemos un repudio generalizado ni una voluntad explícita de atender nuestro reclamo. ¿Qué está esperando? ¿Qué nos defendamos a balazos como los jubilados? Pues no creemos que ése sea el camino”.

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