Hace poco más de cuatro meses, la empresa que les da sentido y sustento a los pueblos de la Cuenca Carbonífera comenzó a entregar energía al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, no fue magia, sino parte de un proceso de recuperación urgente luego de un proceso breve pero fulminante, casi de vaciamiento.

No fue hace mucho que la empresa mantuvo en vilo a cientos de familias que dependen de ella, cuando las organizaciones de trabajadores y las comunidades que integran la cuenca organizaban abrazos simbólicos luego de que el poder central, gobernado por Mauricio Macri, tomara medidas que perjudicaban a la región.

Para entonces, YCRT había sufrido fuertes recortes presupuestarios y en paralelo, los trabajadores veían adeudados sus sueldos y el fantasma de una posible privatización era una amenaza latente.

El último abrazo simbólico que se hizo fue protagonizado por las cuatro organizaciones sindicales en la central térmica “14 Mineros”, reclamando que el interventor Omar Zeidán, hoy candidato a diputado nacional por Cambiemos, dejase de obstaculizar la puesta en marcha del proyecto.

Antes de eso, despidos masivos y retiros voluntarios arreciaron en el capital humano activo, bajo el argumento de no tener recursos para hacer funcionar la empresa, pero con la paradoja de que, a días de dejar la gestión, en plena campaña electoral, Zeidán y Eduardo Costa incorporaron a más de cuatrocientos nuevos agentes sin experiencia y con irregularidades en las altas.

Los despidos dejaron un tendal de desocupados en la zona, cuyas víctimas protagonizaron largos acampes y un periplo judicial en el fuero federal que les dio la razón en todas las instancias, porque los empleados del Estado Nacional tienen carácter de permanentes y los argumentos que utilizó Cambiemos para despojarlos de ese derecho estaban más que flojitos de papeles.

Durante meses, desde el comienzo de 2018, la cuenca fue un grito de que se restituyeran las fuentes de trabajo.

En otros casos, quienes aceptaron los retiros voluntarios, no sin presiones, quedaron sin recursos al poco tiempo, tal como pasó en los 90 con la privatización de YPF. El que no puso un kiosco o un remise, se “comió” la indemnización.

Por eso cuando cambió la gestión y el Frente de Todos volvió a alinear el eje Nación-Provincia, el nuevo interventor realizó su primera denuncia penal por estas irregularidades en las contrataciones.

Con el cambio de gestión, el Frente de Todos volvió a alinear el eje Nación-Provincia

En diálogo con La Opinión Austral, Aníbal Fernández contó que “la resolución que sacó Zeidán el 25 de octubre de 2019, designando a 419 personas, se hizo dos días antes de la elección, cuando ya habíamos ganado nosotros las PASO claramente y era de suponer, como después sucedió, que Alberto Fernández y Cristina iban a ganar la elección sin problemas. Lo más gráfico de todo es que no podías tomar semejante decisión, tomaron decisiones con una cuota de mala leche importante” .

Pero esa historia no terminó con la denuncia, sino que todavía hoy hay resabios del malestar que generaron esos ingresos que, si bien fueron revertidos, luego se supo que se trataba de personas que ni siquiera tenían domicilio en Río Turbio. En paralelo, la cuenca sí tenía una demanda autóctona de trabajo, la de los “nyc”, el grupo de nacidos y criados que todavía reclama una oportunidad.

La segunda fue la escandalosa “visa business”, cuando se supo que Zeidán, su secretaria y el marido habían solicitado tarjetas vip a nombre de YCRT y se descubrieron gastos en lujosos hoteles, marcas de ropa y sushi.

Este año, la Fiscalía Federal en lo Criminal, a cargo de María Mángano, formalizó el pedido de indagatoria al exinterventor, a Raúl Guimardy y a Sergio Lumachi por la contratación de 417 personas.

Del sushi todavía no hay noticias.

Lo curioso es que la misma Justicia Federal, en el fuero del ahora exjuez subrogante de Río Gallegos, Javier Leal de Ibarra, dictó el procesamiento del secretario gremial de ATE Nacional, Alejandro Garzón, y de otros 14 dirigentes y manifestantes por una protesta realizada en Río Turbio, a principios de 2018, en el marco de los despidos impulsados por Zeidán y Macri.

Pero, ¿cómo pasa YCRT de ser inviable a recuperar el proyecto de la megausina?

La respuesta a eso está en el accionar de Cambiemos, que cuando tuvo seguras las riendas de mando hizo lo que mejor sabe todo proyecto neoliberal: ajustar; en cambio, cuando llegó la época de campaña y había que revalidar los votos, quiso montar un escenario de productividad histórica con el carbón, anunciando incluso exportaciones que no movieron un carbón o, por ejemplo, la fakenews de la venta a Jujuy.

En mayo del año pasado, el viento de cambio dio su mejor muestra, IEASA entregó información de la usina a YCRT para avanzar con las licitaciones que demanda la obra, que para entonces ya había sido puesta en manos de Santa Cruz mediante el Decreto 473/2020.

¿Qué decía esa información? Por ejemplo, cómo estaban las turbinas de la termoeléctrica, que demandan la atención de al menos 70 técnicos que Zeidán redujo a apenas 14 personas.

Para muestra del abandono que sufrió la empresa alcanza con un botón.

Actualmente, la usina 21, que es la que coloca energía en el interconectado, funciona con una sola turbina y genera 4,5 MW. La idea es que genere el doble para abastecer a Santa Cruz y vender el excedente, produciendo ingresos que van a significar crecimiento y desarrollo para la cuenca y la provincia.

Claro que no todo comenzó con Aníbal, sino que durante la intervención de Atanasio Pérez Osuna, hoy con detención domiciliaria tras la denuncia de Zeidán, se logró llevar a Río Turbio una caldera y se puso en marcha un turbogenerador, sin los cuales hoy no se hubiese podido hacer nada.

Y es que la usina siempre estuvo ahí.


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