Luego de meses de negociaciones, se oficializó el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacioal (FMI) que efectuó el gobierno de Alberto Fernández. Como resultado, este viernes la gestión presidencial envió al Congreso de la Nación el documento completo.

El programa tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos. El pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio. El primer desembolso del FMI será de USD 9800 millones.

El proyecto también fue presentado junto con una carta del ministro de Economía, Martín Guzmán, el anexo con el memorando de políticas económicas y financieras y el anexo con el memorando técnico de entendimiento. Este último se divide en los siguientes 10 puntos:

Gasto

Habrá un aumento moderado y sostenible del gasto con expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social y transición de planes sociales a empleo genuino. 

“Como parte de nuestro enfoque equilibrado de política fiscal, nos comprometemos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y a mejorar la eficiencia y la progresividad del gasto, en particular en lo que se refiere a asistencia social, ciencia y tecnología e inversión púbica”, se afirmó en el documento.

Más fondos para inclusión social

”Continuaremos afianzando nuestros mecanismos de asistencia social para atender de manera óptima a las personas más necesitadas, y nos concentraremos en combatir la pobreza infantil y reorientar las ayudas para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes”, señalaron. “Además, se procurará reorientar el gasto social hacia programas de capacitación y empleo, y seguir reforzando los sistemas presupuestarios para garantizar que el gasto aborde las desigualdades de género”, agregaron.

Más inversión en obra pública e innovación

 “Tenemos previsto seguir incrementando la inversión en infraestructura a más de 2% del PIB en 2022 (de un promedio de 1% del PIB en 2018-20) y mantener este nivel a lo largo del programa. Esta inversión se centrará sobre todo en mejorar las condiciones de vivienda y sanidad en las zonas urbanas más pobres, y en reforzar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Además, se protegerá y ampliará el gasto en ciencia y tecnología a fin de promover la innovación”, especificaron en el acuerdo.

Jubilaciones

El acuerdo no prevé ninguna reforma previsional, solo contempla dos párrafos en los memorandos sobre el tema que dicen lo siguiente: “El gasto en jubilaciones y pensiones estará guiado por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a finales de 2020”, y “realizaremos y publicaremos un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la Ley 27.546 así como en los mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas”.

Déficit fiscal 

Reducción virtuosa del déficit fiscal, es decir que irá acompañado del crecimiento real.

“Hemos trazado una estrategia plurianual de consolidación fiscal en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, que se reducirá a 1,9% del PIB en 2023, y a 0,9% en 2024”, menciona el memorando.

Política fiscal contracíclica

“Si los ingresos reales del gobierno federal (netos del gasto asociado legalmente) fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómicas", indicaron.

Financiamiento trayectoria fiscal Tarifas

Quienes más contribuirán a la reducción de los subsidios energéticos serán aquellos sectores con mayor capacidad de pago, mientras que el resto de los usuarios tendrán aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios. Se apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad

Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrá las propuestas de exclusión si correspondiere:

Usuarios residenciales  Usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago  Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior  Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior

 

“Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de los subsidios a los consumidores residenciales de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago. Siguiendo todos los mecanismos institucionales, antes de que finalice abril, convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago”, emitió el documento.

“El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022, y ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación”, agregaron.

Usuarios no residenciales

Contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública

Inflación

Hay entendimiento de que la inflación es multicausal y no solo un fenómeno meramente monetario como afirmaba el Gobierno anterior y el FMI de ese entonces.

“La alta y persistente inflación en Argentina es un problema multicausal, cuya solución requerirá una estrategia de varios frentes. Para reducir la inflación de forma duradera se precisará un programa integral de políticas económicas. Un pilar importante será contar con un sendero fiscal y de financiamiento que sea sostenible y que ayude efectivamente a reducir sin demora el financiamiento del presupuesto por parte del banco central. Será fundamental complementar esto con una política monetaria prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos y con políticas voluntarias de precios e ingresos para hacer frente a los desafíos derivados de la fuerte inercia de la inflación y del desanclaje de las expectativas de la dinámica inflacionaria”, explicó el memorando.

Políticas de ingresos y precios cuidados

“A mediados de enero se suscribió un nuevo acuerdo voluntario de precios (Precios Cuidados) con más de 150 participantes del sector privado, para que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos representativos de la canasta de consumo masivo. Estos acuerdos de precios serán un complemento importante de los acuerdos salariales vigentes para apoyar el crecimiento de los salarios reales. Nuestras políticas de ingresos y precios se actualizarán en función de las circunstancias para hacer frente a la inercia y para orientar las expectativas sobre la dinámica futura de la inflación”

Tipo de cambio

No habrá ningún salto cambiario.

“Calibraremos nuestra gestión del tipo de cambio para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo, e incentivaremos la acumulación de reservas. Con este fin, y para ayudar a alcanzar las metas de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general, invariable con respecto a los niveles de 2021 a fin de preservar la competitividad”, afirmó el acuerdo.

Políticas de crecimiento y resiliencia

“Las reformas que promuevan el crecimiento serán críticas para comenzar a abordar cuellos de botella de larga data y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”, mencionó el documento.

Las políticas promotoras del crecimiento y la resiliencia buscarán estimular:

la expansión y la diversificación del sector de bienes transables la inversión y la productividad el desarrollo económico local y regional el empleo formal y la inclusión laboral mejoras de la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético las políticas de adaptación y mitigación climática el desarrollo más amplio de los mercados de capital. Tasa de interés

Se acordó un marco que tiene como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales positivas, de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera. 

“El BCRA procurará mantener una tasa de política monetaria efectiva positiva en términos reales, conservando coherencia con una trayectoria sostenible para los títulos del BCRA. Al determinar la tasa de interés real se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el personal técnico del FMI, teniendo en cuenta también otros factores, como la evolución de las reservas", señalaron.

"Esto ayudará a garantizar que, en adelante, las tasas de interés de los depósitos bancarios a plazo sigan siendo positivas en términos reales, a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos”, finalizaron en el documento.

 

El proyecto Adjunto I. Argentina. Memorando de políticas económicas y financieras