La emisión directa o indirecta de pesos para financiar el déficit fiscal y la consecuente inflación es una cuestión de fondo en el país que necesita de una corrección en la variable deficitaria. Así lo sostuvo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un informe donde señaló que "desde que Argentina volvió a incurrir en déficit fiscal luego de la crisis de 2008, en que retornó a tener un sendero de alta inflación".

"Desde 2009 hubo un creciente déficit fiscal y el promedio anual de inflación hasta fines de 2017 fue de 27,5%", manifestaron los autores del reporte, los economistas Nadin Argañaraz y Bruno Panighel.

Observando las cinco gestiones del Banco Central (BCRA), "de este último período, la inflación promedio mensual fue del 2%, con tres gestiones con una inflación similar a ese promedio", indicaron. "Aunque se recurra a estrategias de corto plazo como endeudamiento, atraso cambiario y controles de precios, mientras no se solucione el problema fiscal, no se podrá corregir el problema de la inflación y tampoco el del tipo de cambio", consideraron.

Explicaron que "más allá que se cambie la gestión del BCRA, sino se soluciona el problema fiscal, va a seguir habiendo inflación elevada".

"La discusión del proyecto de ley de presupuesto 2019 es el ámbito ineludible para encontrar los consensos necesarios que permitan cortar esta evidencia histórica y empezar a bajar genuinamente la inflación, fenómeno generador de decadencia económica y social de nuestro país", coincidieron ambos analistas frente al escenario que va a enfrentar Luis Caputo como nuevo presidente del Banco Central, en reemplazo de Federico Sturzenegger.

Las obras públicas, un factor de disputa

La obra pública, transferencias a provincias, gasto salarial y subsidios económicos (tarifas) serán los más afectados por acuerdo con el FMI, precisaron especialistas de perfil ortodoxo. Así opinaron los economistas Marcelo Capello, Luis Laguinge y Lucía Iglesias del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea en un análisis.

Sostuvieron que "habría una reducción en término reales de 13% del gasto público nacional entre 2017 y 2020, ajuste que alcanza al 30% para el promedio de partidas por fuera de las erogaciones previsionales".

"El recorte del gasto de capital sería de 1,3 puntos del PBI en el acumulado hasta el fin del mandato presidencial, y los ahorros por menos subsidios llegarían a 1,1 punto del PBI. Respecto a la remuneración de los trabajadores del sector público nacional, es clave lo que ocurra con la planta de personal", remarcaron.

Asimismo, precisaron que "las únicas partidas que crecerían en términos reales hasta 2020 (un 7%) son las vinculadas a Jubilaciones, Pensiones, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y programas sociales. "Este subconjunto representa el 60% del gasto primario", señalaron.

"Existe, además, una cláusula por la que podrían aumentar las transferencias a familias un 0,2 % del PBI, en caso que fuera necesario. Adicionalmente, se ha fijado un piso de 1,3% del PBI para los ítems del presupuesto destinados a la niñez (AUH, Asignación por embarazo y Asignaciones Contributivas)", aclararon los especialistas.

Expresaron que "las transferencias discrecionales a provincias, con un 74% de ajuste en términos reales hasta 2020, resultan el rubro más afectado por el replanteo de las metas fiscales", indicaron.