Gendarmería Nacional procedió con el allanamiento ordenado por el juez federal de la provincia de Tucumán, José Díaz Vélez, a pedido del fiscal federal Agustín Chit, y realizó un inventario con 2,7 toneladas de alimentos no perecederos que se encontraban en un depósito de Tafí Viejo, administrado por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.

El galpón, que se encuentra en el área de los Talleres Ferroviarios de esa ciudad, conservaba cajas de yerba, garbanzos lentejas, puré de tomate, aceite y leche en polvo, entre otros productos, que están en vigencia y que tienen fecha de caducidad en septiembre de este año.

Esta investigación se produjo en el marco de una denuncia por parte de periodistas y líderes sociales contra la ministra Pettovello por retener alimentos no perecederos, desde diciembre del año pasado, y que tenían como objetivo contribuir al funcionamiento de comedores comunitarios en diversas regiones de todo el país.

Por el momento, más de dos millones de productos están listos para ser distribuidos y alrededor de 600.000 productos están siendo analizados, con el control de calidad correspondiente, para poder ser repartidos.

La causa "Pettovello Sandra por incumplimiento de deberes de funcionario" se inició el pasado viernes 28 de mayo, a partir de una denuncia inscripta en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios.

Pettovello  fue respaldad con énfasis por Javier Milei quien dijo que  “los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro”, publicó el presidente en su cuenta oficial en la red social X.

 

Cuándo reparte Capital Humano los alimentos 

 

El operativo de distribución de los alimentos comprados por el gobierno anterior y almacenados en dos depósitos,  no cuenta aún con el aval del Poder Judicial.

Así lo revelaron fuentes judiciales el viernes que precisaron que la cartera a cargo de Sandra Pettovello incumplió con el plazo que le asignó el juez Sebastián Casanello para informar cómo se distribuirían los alimentos.

La situación ya fue informada por el juzgado a la Cámara Federal, ante la posibilidad de que se esté frente al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Casanello y la fiscal Paloma Ochoa investigan, justamente, el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión de distribuir los alimentos, antes de que se conociera la decisión de Capital Humano de distribuirla, adoptada en la víspera.