En la "teoría de los ciclos" (1) se destaca que en el tramo final de la "fase descendente" se produce la llamada "destrucción de valor". Pero, previo a ello, los factores de la producción (fundamentalmente el capital y el trabajo), ante el abismo de la inactividad por el avance de la "capacidad ociosa", tal cual fue señalado en "El fin de la industria manufacturera" (BAE Negocios, 19/05/2024), deciden ser devorados por la fatídica "depresión económica" o impulsar el "salto virtuoso" del incremento de los bienes y de los servicios ofertados en el mercado, previa modificación del entorno político que los condiciona.

En este marco, el actual ciclo que transita Argentina ha cumplido ya una década (perdida). Cada uno de los gobiernos que se sucedieron a lo largo de dicho período (los dos últimos años del gobierno del Frente Para la Victoria, los cuatro de Cambiemos, la gestión del Frente de Todos y los meses que lleva La Libertad Avanza en el poder) "convivieron" con el mismo y lo fueron potenciando. Como no podía ser de otra manera, dado el tiempo transcurrido, la aceleración del proceso de "decrepitud" incide directamente en la capacidad de "gobernanza sistémica".

Estos fenómenos ya fueron advertidos oportunamente en (entre otros artículos) "Llegó la supercrisis evitemos la hipercrisis" (BAE Negocios, 13/05/2018), donde se sostenía: "la Argentina de aquellos años se enfrentaba a un escenario en el que convergían los desequilibrios fiscales de 1989 con los del sector externo de 2001, por lo que ambos fenómenos se potenciaban mutuamente, generando las condiciones de una supercrisis, que al adicionarle el agravante de la ausencia de emergentes políticos que fungieran como garantes de la restitución del orden, en ese entonces amenazado, se configuraba la perspectiva de una anómica hipercrisis". En este contexto, restaurar los equilibrios macroeconómicos (fiscal y externo) resultaba ser una condición "sine qua non". Sin embargo...

Sigue el desmadre

La pérdida generalizada del poder adquisitivo de los ingresos populares (sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones) y el desempleo, la pobreza y la indigencia creciente constituyen algunos de los indicadores sociales de mayor relevancia que tipifican la coyuntura.

Ahora bien, lejos de ser los únicos, si analizamos las cuentas públicas, los guarismos del déficit fiscal total, habiéndose convertido su reducción en la "llama votiva" que pretende "justificar" los males ut supra señalados, tampoco avizora logros.

 

Partiendo de los ingresos conocidos y estimando los egresos (con la información disponible) se proyecta un déficit primario del sector público nacional de $101.900 millones. Si adicionamos los intereses de la deuda se llega a un déficit del sector público nacional del 3,5% del Producto Bruto Interno (medidos en una doceava parte del PBI anual corriente).

Posteriormente se procedió a realizar el ejercicio de acumular los distintos componentes del déficit fiscal total.

El resultado (si bien arroja órdenes de magnitud más acotadas que las obtenidas en meses anteriores), se sitúa en torno a un 11,5% del PBI (un 5,5% correspondiente al sector público y un 6% vinculado con el Banco Central de la República Argentina).

El incremento de la deuda del Tesoro, en el orden de los USD42.000 millones durante la gestión de La Libertad Avanza, es consistente con el derrotero de las cuentas públicas.

La dirección es explosiva, e impacta decididamente en el sector privado, donde la baja de ventas, en prácticamente todas las actividades, obliga raudamente a...

Un punto de inflexión de este ominoso proceso

En la certeza de que "el tiempo es de Dios" y que "El hombre no construye la historia, aunque si la montura para cabalgarla" (2) es responsabilidad de la comunidad nacional la preparación de la "fase ascendente del ciclo", hasta culminar, cuanto antes, la implantación de un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (Modepys) con orientación a la producción. Para ello es imprescindible renegociar el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

De resultas del proceso, debe quedar clarificado, tal como se señaló en "Arrendamientos rurales en la Pampa húmeda" (BAE Negocios, 20/09/2020) y en "Hay equipo y hay plan (Parte III)" (BAE Negocios, 10/04/2022) (3), cuál es el sector social que debe hacer el esfuerzo para honrar los compromisos de la deuda. Concomitantemente, un tipo de cambio competitivo y la administración del comercio exterior facilitarán la sustentabilidad modélica buscada.

Naturalmente, los tiempos de su realización están condicionados por el "imperio de la realidad" (que es la única verdad) y la protesta social (que va escalando, tal como se visualiza en la provincia de Misiones), sin un norte ordenador. Por lo tanto, es hora, dentro de la ley, el orden y bajo el imperio de la Constitución, que se comience a transitar cuanto antes, el recto camino.

¡Dios guíe a nuestros decisores!

 

Lic. Guillermo Moreno

Lic. Pablo Challú

Lic. Walter Romero

Agradecemos la colaboración de Roberto Nuesch

 

1- Originada en estudios empíricos de Nikolay Kondratieff (Economista Ruso de comienzos del Siglo XX) y completada por Joseph Schumpeter (Economista Austríaco de mediados del siglo XX).

2- Conferencia del Presidente Perón en el Teatro San Martin, año 1974.

3- La "Ley de Arrendamientos Rurales Compensada", considera simultáneamente, que debe emitirse un Bono (del Tesoro Nacional, a mediano y largo plazo, en moneda dura, a tasas de interés internacionales y transable en los mercados secundarios) para los "Terratenientes de la Pampa Húmeda" que retribuya, en el tiempo, el "esfuerzo patriótico" que se les solicita, al disminuir (significativamente) el costo de los alquileres, y se facilite la recaudación (o el financiamiento necesario) para honrar los compromisos que se devengan de la deuda externa del Tesoro Nacional, con recursos provenientes de los derechos de exportación. Lo recaudado integrará un Fideicomiso de Administración, cuyo fiduciario será seleccionado por el sector de marras, que tendrá como misión recibir los bonos correspondientes y asignarlos entre los propietarios de la tierra que fungen como beneficiarios en el contrato.