La Justicia Federal autorizó por primera vez en la provincia de Santa Fe la aplicación de la Ley de Organizaciones Criminales, conocida como Ley Antimafias, con el objetivo de desarticular redes narcocriminales que operan con estructura territorial en barrios críticos de Rosario.

La medida fue adoptada tras un pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y fue avalada por una resolución del juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz. De esta manera, se puso en marcha una investigación especial bajo el marco de la Ley 27.786, sancionada en marzo mediante el decreto 177/2025.

Nuevo marco legal y operativo para enfrentar el narcotráfico

Según el Ministerio de Seguridad, la activación de esta ley permite utilizar herramientas extraordinarias para abordar delitos complejos y romper con la lógica mafiosa. Entre las medidas habilitadas se incluye la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación, que articulará a fiscales federales y provinciales en Rosario, con el objetivo de compartir información en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas.

"La ley castiga no solo los delitos, sino también la pertenencia a una estructura mafiosa", expresó la ministra Patricia Bullrich, quien consideró que se trata de "una herramienta clave para ir al fondo contra los narcos". “Si cae uno, caen todos”, remarcó.

Este miércoles se realizó una audiencia en los Tribunales Federales de Rosario, de la que participaron los fiscales Juan Argibay Molina (Proselac Rosario), Diego Iglesias y Matías Scilabra (ambos de PROCUNAR), y Javier Arzubi Calvo, de la Unidad Fiscal local. También estuvieron presentes el director de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

Qué establece la Ley Antimafias

La Ley 27.786 define a las organizaciones criminales como grupos de tres o más personas que actúan de forma concertada y sostenida en el tiempo para cometer delitos especialmente graves, dentro de zonas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas.

La norma tiene como finalidad brindar al Estado herramientas legales y operativas para investigar, procesar y sancionar a estructuras delictivas con capacidad de daño social significativo.

Otro caso: banda narco desarticulada en Mendoza

En paralelo, la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a diez personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Mendoza.

Dos de los imputados cumplían condena y desde la cárcel dirigían una red de tráfico de drogas, armas y municiones. El procesamiento fue dictado por el juez federal Walter Bento, quien sostuvo que la complejidad de la estructura justifica el uso del encuadre legal previsto por la Ley Antimafias.

“La figura permite sancionar con mayor severidad a quienes forman parte de organizaciones criminales dedicadas a delitos graves como los investigados”, fundamentó el Ministerio Público Fiscal.