Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes representan como querellante a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pidieron a la Cámara de Casación que aparte a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa por el intento de magnicidio.

Mediante un escrito de 60 páginas, volvieron a criticar la actuación de la jueza y consideraron que "apartarla es la única forma de encaminar este proceso y de descubrir la verdad".

La representación de la vicepresidenta ya había recusado a la jueza en primera y segunda instancia, pero los planteos fueron rechazados.

Ahora, los abogados recurrieron al máximo tribunal penal argumentando que Capuchetti es un obstáculo en la investigación: "Ha causado la pérdida de pruebas, no realiza medidas básicas y tarda semanas en hacer medidas que debería tomar en horas".

"No hace nada y obstaculiza lo que hacemos las demás partes. Su actitud perjudicó los derechos de Cristina Fernández de Kirchner", resumieron.

 

La delegación de la causa en el fiscal Rívolo

El escrito describe lo que considera como errores y omisiones de Capuchetti y fustiga especialmente que haya rechazado la recusación, que luego -por la recusación- haya delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, y que cuando fue confirmada no reasumiera la dirección de la pesquisa.

"No conocemos un solo caso en que la instrucción se haya delegado luego de los procesamientos, y nos llama poderosamente la atención el hecho de que, en una discusión consigo misma, la jueza haya cambiado tres veces en diez días su posición respecto a la delegación. Es absolutamente evidente que estamos ante una causa que supera por mucho a la jueza", sostuvo el escrito.

"La única forma de tratar de salvar el éxito de la investigación es a través de la recusación de Capuchetti", insistieron. Como causal de apartamiento, los abogados de Cristina Kirchner invocaron la supuesta falta de imparcialidad de la magistrada.

"Lo hecho hasta aquí por Capuchetti no puede superar ningún test de imparcialidad", afirmaron.

La querella reclama nuevas indagatorias

Además, los apoderados reclamaron a los jueces de la Cámara que ordenen a Capuchetti disponer la ampliación de declaración indagatoria de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

El trámite debería cumplirse para imputarlos por un nuevo delito, asociación ilícita, darles la posibilidad de defenderse y resolver luego sus situaciones procesales por este cargo.

Ello permitiría juzgarlos también por este delito cuando sean enviados a juicio oral.

Los abogados basaron su pedido en nuevos mensajes que surgieron de sus teléfonos en la investigación luego de su primera citación a indagatoria y de manera posterior a los procesamientos dictados por Capuchetti.

"Solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita", indicaron los letrados.

El ataque "no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta" sino también a "desestabilizar el sistema político y constitucional en general", advirtió la querella al sostener que se trató de una asociación ilícita.

Los mensajes recuperados del teléfono de Carrizo

Sobre Carrizo, se puso énfasis en mensajes enviados la noche del atentado, cuando a las 23:17 del 1 de septiembre escribió a un contacto agendado como Kevin Bargas 2: -"Recién intentamos matar a Cristina" (23:17 horas)

-"Mi empleado" (23:17 hs.) -"Le quiso disparar" (23:17 hs.), escribió sobre Sabag Montiel, quien gatilló un arma a centímetros de la Vicepresidenta, pero la bala no salió.

Ante ello, se pidió agravar su situación procesal para considerarlo coautor al igual que Sabag Montiel y Uliarte, y no partícipe secundario del intento de magnicidio cometido la noche del 1 de septiembre último, cuando la Vicepresidenta llegaba a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Los mensajes fueron leídos en la audiencia y para la querella, muestran un grado de participación de Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve, mayor al atribuído hasta el momento.

El abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, estuvo presente y pidió rechazar los planteos.