El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos que hayan sido recibidas por el referente Revolución Federal, Jonathan Morel.

De Giorgi aclaró que lo hizo "únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación" requerida en el marco de nuevas medidas de prueba dispuestas el viernes pasado en la investigación.

Además, el magistrado dispuso "comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero" en relación a los 50 mil dólares secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa.

Martínez De Giorgi ya le tomó declaración indagatoria a Morel, Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, los cuatro detenidos en la causa por supuesta "incitación a la violencia" y por "formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor".

El juez se negó a excarcelarlos por riesgos procesales y porque, además, "podría también entorpecer" diligencias peticionadas por el fiscal Gerardo Pollicita, las cuales podrían guardar vinculación con la causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo investigación en otro juzgado, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal apelaron el rechazo de sus excarcelaciones y su situación será resuelta por la sala I de la Cámara Federal porteña, que convocó a una audiencia para el próximo martes 1 de noviembre previo a decidir si confirma o no el rechazo a las excarcelaciones.

Este viernes, el juez ordenó nuevas medidas de prueba en base a un dictamen que le presentó el fiscal Pollicita, que tiene delegada la investigación.

En lo referido a las transferencias bancarias desde Caputo Hermanos que recibieron Morel y dos allegadas al detenido, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, el juez pidió a la AFIP que aporte "la totalidad de la facturación electrónica" de esas personas desde mayo de 2021 a la actualidad.

Se investigan transferencias a Morel y a ambas mujeres, hechas por supuestos servicios de confección de muebles desde los fideicomisos "Espacio Añelo" y "Santa Clara al Sur" que maneja la desarrolladora inmobiliaria Caputo Hermanos, empresa de los hermanos de Luis "Toto" Caputo y primos de Nicolás Caputo.

"Hágase saber que, a tales efectos únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación requerida, se autoriza el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil", aclaró el juez.

También se pidió a distintos bancos el envío de información sobre transferencias realizadas por Caputo Hermanos SA desde mayo de 2021 al presente a cuentas bancarias de los investigados.

En cuanto a los 50 mil dólares encontrados en la casa de Sosa, se ordenó a la AFIP que aporte digitalmente "la totalidad de la información obrante en sus bases" sobre operaciones de adquisición de la divisa norteamericana por parte del detenido.

Al Banco Central se le pidieron los "listados de stock a disposición" desde mayo de 2021 y la información que obre en el "Régimen Informativo Contable Mensual (padrón de clientes, deudores del sistema financiero y operaciones de cambio), relativa a Morel, Sosa, y al padre de este último, Oscar Sosa, "para determinar así el dinero en moneda extranjera adquirido, recibido y/o erogado por los nombrados, en el período referenciado".

A la Unidad Operacional Antiterrorista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se le pidió una "una amplia certificación de la numeración de los billetes en moneda extranjera hallados en el domicilio de Leonardo Sosa".

"Una vez obtenidos, solicítese al BCRA si es posible identificar la procedencia de los billetes en moneda extranjera" o "si resulta posible rastrear las entidades financieras o bancarias a las que los mismos fueron asignados", agregó el juez Martínez De Giorgi.

Por otra parte, la defensa de Morel pidió autorización a Martínez De Giorgi para que el portavoz de Revolución Federal conceda desde la cárcel una entrevista a un programa de televisión, ante lo cual el magistrado respondió que "no hay estado de incomunicación" y tampoco "existe oposición por parte de este tribunal".