El silencio sorprendente de los movimientos sociales y la izquierda vernácula (además, prestando quorum) sobre el proyecto de modificación de la ley de jubilaciones especiales de jueces y diplomáticos solo puede entenderse en el marco de una jugada marketinera, pero al final intrascendente, en los efectos presupuestarios para los inmensos fondos previsionales que administra el estado.

Gatopardismo liso y llano con altas dosis del teorema de Baglini.

Para evitar los eufemismos, se está tratando la reforma de uno de los regímenes de privilegio que coexisten en el sistema previsional nacional. Con más o menos beneficios , más o menos años, y más o menos aportes, maestros, docentes, diputados, senadores, ministros, espías, presidentes, secretarios de estado, policías, y entre muchos otros, los militares (de las Fuerzas Armadas democratizadas y las anteriores) tienen derecho a un retiro en condiciones diferentes al régimen general. Este último, es el gigante que arrastra e hipoteca el enorme deficit público. Y fue bastante bien diseñado para otra época como ya desarrollamos anteriormente en esta columna. Pero la catarata de excepciones concedidas y despilfarradas en tiempo de la soja de USD600 y durante el último período presidencial de CFK terminó de desmoronar un esquema débil, muy mal herido por Menem y las AFJP y, ahora, agonizante.

Claro, como siempre que lo traigo a cuento, el teorema de Baglini luce brillante ante el otro silencio del gobierno. La mayoría agravada con la que pretendió CFK legar y encorsetar la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses a Macri, derogada por el gobierno de este último, no aparece en la agenda de las medidas urgentes que recomienda el otro Fondo, nuevo socio estratégico del neokirchnerismo en otra maravillosa exposición del teorema del radical mendocino.

No puedo acompañar los efectos de la reforma que, por decisión mezquina, acelera para que ocurran dentro del mandato de Alberto Fernández las vacantes previstas gradualmente para al menos los próximos 15 años (período que va desde los 60 años del derecho jubilatorio actual hasta el límite constitucional de los 75, y además prorrogables por el Senado). Pero algo hay que hacer y por algún lado hay que empezar. La Corte, cuando finalmente aceptó la obligación de los jueces del pago del Impuesto a las Ganancias, le puso una fecha límite a esa excepción de privilegio. Si el Senado ( todavía soy creyente) tomara un camino similar, se evitaría el caos de la retirada masiva de jueces y los posteriores reclamos judiciales que adelanto, no conculcaran derechos adquiridos, devolviendo el déficit a su situación inicial. Al fin y al cabo, como dijo el Presidente de la Nación con respecto a las Fuerzas Armadas, la Justicia también estará llegando a culminar un proceso de ingreso por examen y designaciones por consensos que se inició a partir de la Reforma de 1994. El Pacto de Olivos mejoró claramente el sistema constitucional argentino. Los legisladores luego lo han manoseado demasiado (Leyes de AGN y Consejo de la Magistratura, por ejemplo). Menem destrozó el sistema al privatizarlo. En el manejo simple del FGS, coinciden Macri, Alberto y por supuesto, el FMI. A todos ellos, sobrevivieron y sobrevivirán las Cajas Previsionales de los Profesionales. Muchas cincuentenarias, algunas se acercan a los 100 años de vida.

Con miles de defectos, regímenes desactualizados y aportes y edades alejadas de la realidad económica, demográfica y del pacto intergeneracional que las instituyó, presentan un esquema más sano y sobreviviente a las AFJP. Pueden ser el "paciente cero" del coronavirus previsional que se avecina y que no se detiene con fronteras ni cuarentenas.

Sigamos.