A una semana de que la Ley Bases ingrese al Congreso, la oposición parlamentaria puso primera para presionar sobre el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara baja. Legisladores de izquierda, radicales y kirchneristas se reunieron para escuchar a especialistas exponer todas las razones por las cuales es inconstitucional. Incluso los diputados de los bloques “dialoguistas” sumaron al encuentro.

"Lamento que haya que invitar a una decena de constitucionalistas para analizar un DNU", introdujo el abogado Pablo Luis Manili, uno de los 20 expositores que fueron convocados por miembros de Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria. Bajo la conducción de la diputada Myriam Bregman (FdI), Esteban Paulón (Socialismo HCF) y Leopoldo Moreau (UxP), los constitucionalistas pidieron la nulidad del decreto, que tras el rechazo del Senado queda en manos de la Cámara baja.

El evento comenzó con demoras pasadas las 14, tras imprevistos en la organización por una bajada de la secretaría administrativa de la presidencia de la Cámara de Diputados, que no terminaba por autorizar la lista de invitados. Si bien la intención era que el seminario estuviera abierto al público por YouTube, la transmisión se cortó a los 20 minutos de que comience y UxP la emitió por redes sociales. "Es un ataque a la libertad de expresión", "nos censuró la presidencia de la Cámara", fueron algunas de las acusaciones.

El kirchnerismo busca el número para voltear el DNU en Diputados. De parte del bloque conducido por Miguel Ángel Pichetto, quien este lunes se reunió junto a otros diputados con el ministro del Interior Guillermo Francos para conversar sobre la nueva versión de la Ley Ómnibus, asistieron Natalia De La Sota por zoom y Margarita Stolbizer, quienes habían votado en contra del proyecto original.

De parte de la bancada de la UCR fueron diputados que acatan a la conducción de Facundo Manes: Pablo Juliano, Natalia Sarapura, Jorge Rizotti, Marcela Coli, Fernando Carbajal y Pedro Galimberti. No aparecieron cercanos a De Loredo y de parte de Martín Lousteau, uno de los que dio luz roja para el DNU en el Senado, asistió Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical.

El tratamiento del decreto en Diputados depende de que Martín Menem, presidente de la Cámara, llame a una sesión. Como sucedió en el Senado, los bloques interesados pueden juntar 10 firmas para pedir que se debata, pero la decisión de convocarla depende de las autoridades. Sí podrían forzar el tratamiento votando una moción sobre tablas, que requiere mayoría especial, pero todavía no juntaron quorum para imponerse.

 

Qué pasa si se anula el DNU 70/2023

El megadecreto desregulador avanzó sobre la derogación y modificación de 87 leyes, lo cual para los especialistas denota de que carece de urgencia. Tras categorizarlo como "groseramente inconstitucional", argumentaron que no se dio ninguno de los requerimientos que expresa la Carta Magna para hacer uso de esa facultad. "Este decreto ya está caído, no hay posibilidad de que el Congreso lo apruebe", atajó el expositor abogado y exsenador Jorge Yoma.

Esencialmente, alegaron que no se dio un contexto de urgencia para que el Ejecutivo se adelante al Congreso, que estaba en condiciones de sesionar y, de hecho, trató la Ley Ómnibus tras el pedido de extraordinarias. Para desarrollar este punto desglosaron la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la excepcionalidad de los DNU: "Si la Corte Suprema de Justicia hace caso a su propia jurisprudencia, debería declarar inconstitucional este DNU".

El expositor Manili destacó que uno de los requerimientos para que se den circunstancias excepcionales es que las medidas que avancen por DNU deben ser transitorias y no definitivas. Incluyó que, además, deben implicar un riesgo social, político y económico urgente- "la pobreza es algo que ocurre siempre en la Argentina, no había nada urgente que solucionar"-, y que se deben descartar los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo.

El abogado Miguel Rodríguez Villafañe, otro expositor, adhirió que como juristas piden la nulidad del decreto, no su rechazo, para que los ciudadanos accedan a la justicia para que se anulen todas las acciones que se llevaron a cabo bajo su reglamentación, lo cual implica todo lo que sucedió durante el mandato libertario. Esta medida fue especialmente aclamada por los diputados de izquierda.

Para esto, la Corte debe rechazarlo, no basta con la pronunciación del Congreso, según le explicó el abogado Raúl Gustavo Ferreyra a BAE Negocios. "Si lo deroga Diputados, todo lo que le pagaste a la prepaga (por dar un ejemplo), se lo pagaste. Ahora, si la Corte lo voltea, le podés reclamar a la prepaga lo que le pagaste", expresó.

Sin embargo, no creen que la Corte se expida hasta que lo termine de definir la política. De todos modos, otro abogado consultado por este medio opinó que si Diputados lo aprueba, igual la Corte puede anularlo: ellos tienen la última palabra.

Los juristas también criticaron la ley de CFK: "Es inconstitucional"

La imposibilidad de reclamar lo sucedido durante la vigencia de un DNU incluso ante la anulación del Congreso es un punto protegido por la ley 26.122 que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en el 2006: en su artículo 24 expresa que, aun con la desvalidación del parlamento, los derechos adquiridos durante el período de vigencia quedan a salvo.

Esta ley también fue criticada por los juristas, ya que fue a través de esta ley que se estableció el requerimiento del rechazo de ambas Cámaras para voltear un DNU. "Debería cambiarse esa ley", opinaron los abogados en diálogo con este medio. Andrés Gil Domínguez directamente la tildó de "inconstitucional" durante su discurso: "Los mismos legisladores no lo plantean porque quieren tener esa herramienta si el día de mañana llegan al poder", agregó.

"La reglamentación más correcta es que el rechazo de una Cámara sea suficiente, porque pierde la posibilidad de que se convierta en ley, como cualquier proyecto. Es la solución para el abuso en estos temas", agregó Yoma en diálogo con BAE Negocios.