Este martes la Cámara de Diputados comienza a tratar los diversos proyectos de ley que presentó la oposición para cambiar la reglamentación de la vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Así, buscan limitar el poder de legislar que constitucionalmente dispone el presidente Javier Milei.

Se trata de la ley 26.122, sancionada durante la gestión del expresidente Nestor Kirchner en 2006, por impulso de Cristina Fernández de Kirchner. En su artículo 24 establece que se necesita el rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. De esta manera, con que una sola lo apruebe, es suficiente para mantenerlo en vigencia.

Así es como la administración libertaria logra mantener el DNU 70/2023 -rechazado por el Senado, pero pendiente de ser tratado en Diputados-. El único decreto en la historia, desde la sanción de esta ley, que pudo ser invalidado por el Congreso fue el 656/2024, el cual le otorgaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): sería el primer DNU rechazado por ambas cámaras.

El plenario entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento comienza este miércoles a las 17 en el anexo C de Diputados, en presencia de especialistas, y someterán a tratamiento 15 proyectos de múltiples espacios políticos. Algunos fueron presentados desde el año pasado.

La Coalición Cívica es uno de los que atenta directamente contra el artículo 24 para que con el rechazo de una sola Cámara sea suficiente para derogar un DNU y, además, busca que el Congreso pueda modificar el contenido del DNU -aceptar o rechazarlo parcialmente-.

Las propuestas no solamente se remiten a ese artículo. El tratamiento de los DNU, además, establece plazos de vencimiento que atrasan el procedimiento legislativo de control de estos decretos. Por ejemplo, uno de los últimos presentados, por autoría de la UCR, busca que los DNU que no sean considerados por ninguna de las Cámaras dentro de los 60 días corridos desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, pierdan su vigencia -como sucede con el DNU 70, congelado en Diputados-, con una prórroga de 30 días corridos en el caso de que una Cámara lo apruebe. Hay otros espacios que también proponen fijar un plazo determinado, pero más acotados.

Además incluye que, de ser rechazado un DNU, el Ejecutivo no pueda dictar otro sustancialmente análogo -esto sucedió con el DNU de la SIDE, ya que primero se reestructuró el organismo por decreto y después se le aumentó el presupuesto-, y que quede prohibido que los DNU se extiendan a más de un tema (como el mega decreto 70).

De Encuentro Federal también abundan proyectos, impulsados principalmente por Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño, que buscan ampliar de ocho a doce los miembros de la Bicameral de Trámite Legislativo -encargada de tratar los DNU- y que, una vez vencido el plazo de diez días hábiles para su expedición, la Cámara deba abocarse dentro de tres días hábiles al inmediato tratamiento. Esto es clave para acelerar el proceso, puesto que la “inmediatez” que dispone la normativa actual no es especificada y, por ende, no es respetada y hay decenas de DNU que jamás se trataron.

Esta última es la excusa que utiliza el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, quien preside la Bicameral, para que cada vez que se ve forzado a convocarla por pedido de la oposición termine incluyendo en el temario todos los DNU que tienen plazos vencidos como prioridad antes que los de Milei. En realidad, todos ellos -que van desde la gestión del expresidente Mauricio Macri- ya le corresponde a las Cámaras expedirse.