El Congreso se prepara para el segundo round. El punteo que el Ejecutivo nacional le acercó a los gobernadores es una versión abreviada del proyecto de la Ley Ómnibus que se discutió durante más de un mes en la Cámara de Diputados y que el oficialismo pidió que regrese a comisión. La nueva propuesta no terminó de convencer a los mandatarios provinciales y genera suspicacias entre los legisladores, que están convencidos que el único objetivo de Javier Milei es ganar tiempo y, de paso, desactivar a la oposición que busca juntarse para imponer una agenda propia.     

El encuentro del viernes pasado entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y los mandatarios provinciales fue áspero. El presidente los había convocado por cadena nacional durante la apertura de sesiones ordinarias pero no estaba sentado allí. Por razones diversas, cinco de las provincias que estuvieron representadas por sus gobernadores o vice (La Rioja, Chaco, Chubut, Misiones y La Pampa) presentaron demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de La Libertad Avanza. La mayoría está en una situación apremiante por el ajuste en las partidas de distintas áreas, el freno de la obra pública y la eliminación de los subsidios al transporte y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Ninguna se llevó una respuesta a sus demandas. Sólo se acordó seguir las conversaciones en una mesa política y económica para analizar la letra chica del proyecto de la Ley Ómnibus.

La iniciativa no está entre las prioridades de los gobernadores, pero su aprobación es la condición que puso Milei para avanzar con un pacto fiscal que ayude a las finanzas de las provincias. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, es el único que prometió respaldo a través de los tres diputados que le responden, tal como sucedió en el debate de febrero último.  

Posse no les entregó el texto completo, pero sí les adelantó los capítulos que quedarán en pie. En total, serán nueve, que condensan los puntos centrales del proyecto original. La iniciativa de reversión del impuesto a las Ganancias se presentaría aparte para no empantanar la discusión, ya que los gobernadores patagónicos, junto a Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Martín Llaryora, de Córdoba, no están de acuerdo con reinstalar ese tributo. Los mandatarios peronistas tampoco, pero dejarán que los de Juntos por el Cambio tomen la delantera.   

Se mantendrán las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. En cuanto a la Reforma del Estado, se establece una reorganización administrativa (delegaciones) que promueve que organismos centrales o descentralizados puedan ser fusionados, transformados o disueltos, a excepción de las Universidades, el Conicet y el INTA. La oposición había rechazado este punto durante la votación en particular y podría volver a suceder lo mismo, si no se especifica a qué órganos se refiere el apartado, más allá de excluir a tres. 

En cuanto a los fondos fiduciarios, el oficialismo insiste en que puedan ser disueltos y propone la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional. Este punto es el más cuestionado por los legisladores opositores -también fue rechazado en la última sesión-, aunque esta vez su aprobación estará atada al acuerdo al que lleguen los mandatarios provinciales con el Ejecutivo nacional.

En el Gobierno tampoco están dispuestos a dejar de lado las privatizaciones de empresas públicas. En la nueva propuesta, achicaron el listado, que quedó compuesto por 13 compañías, sin embargo siguen incluidos Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT. En la UCR y parte de Hacemos Coalición Federal están en contra de que se privaticen estas tres, aún si es de manera parcial; pero además sostienen que en el resto de los casos es necesario tratar cada una por separado.

Las otras empresas que figuran en la lista son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, YCRT, Intercargo, AYSA, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.

Otro de los capítulos que se mantiene en pie es el de "Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos" y el de "Empleo Público". También el de "Consolidación de Deuda Pública" y se aclara que se mantendrán las acciones de las empresas dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

A pesar de que Hacemos Coalición Federal, con apoyo de la UCR, buscará debatir esta semana la posibilidad de avanzar con un proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, el oficialismo resolvió incluir esta cuestión en la Ley Ómnibus. Propone que las jubilaciones sean actualizadas de manera mensual a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. Desde las bancadas opositoras ya adelantaron que no están dispuestos a acompañar una reforma que no tenga en cuenta los meses de enero, febrero y marzo, que fueron de alta inflación, sin embargo se mostraron abiertos a sentarse a negociar con La Libertad Avanza. 

En Título VI, se establece la "Promoción del empleo registrado" y se crea un "Régimen de blanqueo laboral". Además, en cuanto a la desregulación económica, se delega "al Poder Ejecutivo la modificación de regulaciones sobre la actividad económica que importen un incremento de costo, atenten contra la libre competencia, generen escasez o distorsiones en los precios de mercado".

Por último, se contempla un apartado sobre Energía, Ley Hidrocarburos, Gas natural y transición energética y otro sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.