La demora del Fondo Monetario para confirmar si adelantará por la sequía sus desembolsos previstos para 2023 fue el detonante de la corrida cambiaria que empujó un 15% al dólar blue y un 12% a los paralelos financieros, más allá de los culpables que salió a cazar Sergio Massa dentro y fuera del país. El ministro de Economía sabía que corría ese riesgo cuando volvió con las manos semivacías de la Asamblea de Primavera (boreal) del organismo, dos semanas atrás, pero creyó que la tercera edición del ‘dólar soja’ podía apuntalarlo en la espera. No alcanzó.

 

La nueva misión que procurará contrarreloj destrabar ese anticipo o “frontload”, como lo llaman en la sede de la calle 19, preparaba este jueves las valijas sin ninguna certeza. Su máxima ambición es que Kristalina Georgieva se comprometa a girar en junio cerca de U$S 10.000 millones, un monto que equivale a los desembolsos que estipula de acá a diciembre el programa aprobado el año pasado. Eso compensaría cerca de la mitad de las divisas que se perderán por la sequía.

No hay nada asegurado. Un enemigo declarado del Frente de Todos como Alejandro Werner, director para América del FMI cuando Christine Lagarde le concedió a Mauricio Macri el mayor préstamo de su historia, arriesgó esta semana en un reportaje radial que el staff no aceptará adelantar más de U$S 1.500 millones. Los enviados de Massa, Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur, aspiran a conseguir por lo menos el cuádruple.

“Hay que renegociar el programa completo. Hasta hace un mes estábamos ellos y nosotros en modo negación, como si pudiéramos hacer de cuenta que la sequía no existió. Con la corrida esos dólares que faltan entraron en la ecuación y hay que recalibrar todo a partir de eso”, explicó a este diario uno de los funcionarios que dialoga día por medio con Luis Cubbedu, el economista venezolano encargado de monitorear al país.

El FMI también tiene que aceptar formalmente algo que le exigió expresamente a Massa que no haga más y que él decidió desobedecer el martes, cuando todo se desmoronaba: invertir parte de sus reservas en comprar bonos en dólares para abaratar el ‘dólar bolsa’ y el ‘contado con liquidación’.

¿Qué exige para hacerlo? Más ajuste del gasto (porque sostiene el tope de déficit del 1,9% del PBI con menos recaudación), tasas de interés más altas (el Central ya las aumentó dos veces en una semana, a riesgo de enfriar más la actividad) y, lo que es más problemático, una devaluación del tipo de cambio oficial.

 

Dulces divisas

Aunque jura puertas adentro que no permitirá esa devaluación, Massa necesita dólares para evitarla. Es lo que escasea por la sequía pero también lo que se escurre por otras vías. Por eso apuró la ejecución del ‘swap’ con China y avisó a los importadores que obtendrán más rápido las autorizaciones para comprar al exterior si aceptan liquidarlas en yuanes. Fue también una forma de presionar sutilmente a sus aliados en la Casa Blanca para que a través del Tesoro le ordenen al FMI la misma benevolencia que pedía Donald Trump en la época de Macri.

Lo que sigue levantando polémica dentro del oficialismo son las divisas que se le escapan al Central por el pago de deudas de empresas grandes con el exterior, que le pagan al valor oficial de $228. El lunes, por ejemplo, mientras el ‘blue’ se empinaba arriba de los $460, la cordobesa Arcor informaba a la Bolsa que el próximo 25 de mayo pagará por adelantado una obligación negociable por U$S 128 millones que vence el 6 de julio. La desarrolladora IRSA hizo lo propio en febrero con sus ON “clase IX”. El Central les exige a todas las compañías que renegocien al menos el 60% de sus vencimientos, pero la brecha del 120% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo convirtió en muy lucrativa su prerrogativa de pagar el otro 40% al precio oficial.

Las miradas apuntan contra Miguel Pesce, el último albertista con verdadero poder en la gestión. Desde el kirchnerismo, Roberto Feletti publicó el lunes un informe de 11 páginas donde denunció un “asalto a las reservas del Banco Central”. Con deliberada malicia en la periodización, el informe sostiene que “la apropiación indiscriminada de la oferta de divisas que hizo el sector privado en el período 2016-2022 tornó insostenible cualquier política de estabilización, porque colocó a la economía sistemáticamente al borde de una crisis externa”.

Pesce se defiende avisando que no cualquiera le pide esas divisas para pagar deudas, sino enviados de los mismísimos Massa y Cristina. “YPF se llevó 500 millones, AySA 200 millones y (Axel) Kicillof 200 millones para la provincia”, apuntan cerca suyo. “Si a ellos no les vendemos ¿los mandamos al default? ¿Y a los demás que están en las mismas condiciones que ellos?”, retrucan.

Inestabilidad estable

El equipo económico espera terminar de delinear durante el fin de semana largo el apretón del cepo que tiene previsto anunciar el martes. Según reveló a BAE Negocios uno de los funcionarios encargados de definir esa letra chica, será en el sentido de la última decisión del Central de vedar por 180 días en vez de por 90 el acceso al mercado oficial a quienes compran ‘contado con liqui’. También estudian endurecer las condiciones para el pago de las deudas con el exterior de las empresas.

Con un control de cambios más duro crecerá la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos. Eso promete empujar otra vez la inflación, que ya escaló fuerte por el traslado de la corrida de estos días. Pero ni en el Palacio de Hacienda ni en las principales consultoras del mercado contemplan ningún escenario de hiperinflación. “Si se cae lo del adelanto del Fondo tendremos 15% de inflación mensual en vez de 10%, y tendremos una brecha del 150% en vez de una del 120%”, se resignó el mismo funcionario consultado.

Es un escenario que en el quinto piso de Economía definen como de “inestabilidad estable”. Algo que Massa procura evitar porque incluiría también una corrida por mes hasta las elecciones. Y una derrota asegurada.

Chupamedias y antipatrias

La denuncia de Sergio Chodos contra tres economistas de la oposición por haber viajado a Washington a pedir que Georgieva no entregue más dinero a esta administración fue otro reflejo desesperado en medio de la corrida. Lo que no está claro es de quién. Aunque la acusación contra esos “antipatria” fue difundida el domingo temprano por los habituales voceros de Massa, en Washington aseguran que fue una iniciativa del propio director por Argentina en el Fondo para congraciarse con un ministro que lo freezó desde el inicio y jamás le confió nada importante. Lo habría motivado a hablar por primera vez en nueve meses el rumor de que Massa lo quiere reemplazar por Guillermo Nielsen, suegro de Madcur y amigo de Marco Lavagna. Es un cargo apetecible, por el que se cobran U$S 25 mil mensuales más jugosos viáticos.

Tampoco sería la primera vez que se hace algo así. En octubre de 2015, justo antes de las elecciones que ganó Macri, una delegación encabezada por Carlos Melconian, que integraba Hernán Lacunza, viajó a la Asamblea Anual Conjunta del FMI y el Banco Mundial que se hizo en Lima. Como no había relación con el Fondo, le pidieron al BM que no aprobara más proyectos para Argentina hasta que se supiera quién gobernaría. Eso interrumpió una seguidilla de proyectos por U$S 1.500 millones que se habían aprobado entre diciembre de 2014 y julio de 2015.

El Fondo sabe moverse en años electorales para maximizar su influencia sobre los países que dependen de sus desembolsos. Para peor, ahora, lo cruza una encarnizada interna donde las ‘palomas’ -Georgieva y su vocera, Julie Kozack- llevan todas las de perder. Malas noticias para Massa, que todavía confía en ser bendecido por CFK como candidato de un peronismo donde nadie se anima a dar un paso al frente.