El oficialismo analiza los últimos cambios que le solicitó la oposición sobre el proyecto de la Ley Ómnibus, pero además estudia la versión de la reforma laboral que llevará en simultáneo al recinto. Aún cuando desde la Casa Rosada le habían prometido a la UCR que optaría por su iniciativa, ahora se inclinan por un texto similar al que propone PRO, más apegada al texto del DNU 70/23.

En el gobierno de Javier Milei quieren evitar una mayor confrontación con la CGT, razón por la que duda si avanzar o no con el proyecto del radicalismo, que propone eliminar las contribuciones solidarias, lo que dañaría fuertemente el financiamiento de los sindicatos. Por el contrario, desde la bancada de PRO, que conduce Cristian Ritondo, decidieron no incluir ese punto.

Desde Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, ya adelantaron que tampoco están de acuerdo con la iniciativa de la UCR. "El oficialismo negocia con los radicales algo sin consultar a los demás, entonces que reúnan los votos solos", dijo un diputado de ese bloque. 

En la última reunión que se realizó el jueves pasado en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, abordó esta cuestión con los jefes de las bancadas opositoras y quedaron en continuar las negociaciones. Sin embargo, fuentes de PRO aseguraron que ya se definió que la propuesta que se tratará será la de Ritondo. 

En la bancada de La Libertad Avanza, que lidera Gabriel Bornoroni, tienen otra versión. "Vamos a discutir una iniciativa de reforma laboral propia, con lo mismo que dice el DNU 70", aclara un legislador libertario. La afirmación es algo capciosa, ya que Ritondo presentó un proyecto de "ley espejo" al capítulo de reforma laboral del decreto de Milei, que está frenado en la Justicia.     

En lo que no hay diferencias entre los proyectos opositores es en los tres ejes que más interesa al Ejecutivo nacional: extender el período de prueba de tres a seis meses, cambiar el actual sistema de indemnizaciones por el modelo de la UOCRA y reducir las multas a las empresas.