El Gobierno oficializó hoy la declaración de Aerolíneas Argentinas como empresa “sujeta a privatización”, luego del traspié en el debate parlamentario de la ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, en el que los bloques opositores la excluyeron del conjunto de compañías de las que el Estado nacional podía desprenderse.

El decreto 873/2024 consta de cinco artículos -de los que en rigor los últimos tres son de forma- y fue publicado en el Boletín Oficial con un extenso texto en sus considerandos, en los que el presidente Javier Milei fundamenta la decisión. 

En la normativa, el Gobierno argumentó como uno de los motivos que “en un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%, el Estado nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen”.

Conflicto con los gremios

La decisión se toma en medio de un prolongado conflicto del Gobierno con los gremios aeronáuticos y es el resultado de una serie de decretos y resoluciones con las que se declaró a la actividad aeronáutica como “servicio esencial” (luego anulado por la Justicia) y se modificaron diferentes aspectos del Código Aeronáutico, que permitieron la participación de empresas y trabajadores extranjeros.

“El Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”, sostiene el decreto.

En el mismo sentido se había expresado la semana pasada en la Cámara de Diputados en secretario de Transporte, Franco Mogetta, al señalar que “el Estado tiene que estar ocupándose de otras cuestiones y no de una aerolínea que genera pérdidas”.

 

Los antecedentes de privatización

Tras citar entre los antecedentes la ley 23.696 de Privatización de Empresas Públicas de 1989, en el inicio de la Presidencia de Carlos Menem, se menciona también al decreto 70/2023, en el que luego de advertir que “la política aeronáutica argentina ha limitado el desarrollo de la industria aerocomercial”, plantea que “es imperativo un reordenamiento integral de la legislación” del sector para “dotar al mercado de un entorno competitivo”.

De acuerdo a la ley de Privatizaciones, el decreto señala que la desafectación de la compañía se podría materializar por cinco vías:

La venta de los activos como unidad o forma separada La venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o de establecimiento o haciendas productivas en funcionamiento La locación con o sin opción de compra La administración, también con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso.

Esas opciones pueden combinarse y se aclara que su mención no es taxativa, por lo que no pueden descartarse otras variantes.

“El Gobierno Nacional se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional del transporte en general y aéreo en particular, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos”, agregó.

Al respecto, se citó al decreto 599/2024 que “estableció la política de cielos abiertos basada en los principios de libre acceso a los mercados, lealtad comercial, desregulación tarifaria”, entre otros conceptos.

En cuanto a las cuestiones estrictamente fiscales, la norma recuerda que en 2023 “solamente 7 de las empresas estatales obtuvieron ganancias y únicamente 4 no requirieron el aporte de fondos del Tesoro”.

 

Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización: otros argumentos

En lo relativo a Aerolíneas, subrayó que pese a “las buenas intenciones” que podrían haber motivado su reestatización, “luego de 16 años (…) los objetivos propuestos no fueron concretados” y en ese período “la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional”.

En el marco del conflicto con los trabajadores de la empresa, también señala que “a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación”, entre los que menciona “pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deben trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”.

Asimismo, la normativa indica que la compañía “cuenta con una dotación de 1.107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas”, con “un promedio de 125 empleados por aeronave”, superior al de otras empresas del sector.

Como consecuencia de esa situación, plantea que “desde la estatización de la empresa hasta el día de hoy” se debieron realizar “aportes del Tesoro que ascienden aproximadamente a US$ 8.000 millones” y que, además, “el Estado Nacional ha sido condenado en el Centro Integral de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”.

Por esa razón, asegura que “el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria” y que continuar con ello “importaría perpetuar las medidas populistas y oportunistas adoptadas por los gobiernos que sometieron a más de la mitad de los argentinos a los flagelos de la pobreza”.