El Gobierno denunció penalmente a Pablo Biró por extorsión
En el medio del conflicto con Aerolíneas Argentinas, el Gobierno declaró a los vuelos como servicio esencial y denunció al líder de APLA
El Gobierno denunció penalmente al secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Aerolíneas Argentinas se encuentra en un cronograma de medidas de fuerza desde fines de agosto, para reclamar mejoras salariales.
En el medio del conflicto, que provocó cancelaciones y reprogramación de vuelos, la gestión de Javier Milei declaró al transporte aéreo como "servicio esencial".
Parte del Gabinete se reunió hoy para "terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolineas Argentinas", según publicaron en la red social X (antes Twitter).
Reunión del gobierno nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolineas Argentinas. pic.twitter.com/KbptqEZoYJ
— Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) September 19, 2024Paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas
Este jueves, el Gobierno jugó otra carta y denunció a Pablo Biró por delitos de acción pública. Lo acusan de utilizar su puesto jerárquico de APLA para perjudicar el transporte público y que sus declaraciones podrían exceder el derecho a huelga, amparado por la Constitución Nacional.
Biró ya había estado en el foco de la atención a fines del año pasado, cuando Milei habló sobre su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas. Por ese entonces, el dirigente gremial dijo: "Si Javier Milei quiere privatizar Aerolíneas, nos van a tener que matar".
Durante los últimos días, tomó más relevancia por sus declaraciones a los medios, en donde advirtió que las medidas de fuerza del último tiempo "se van a poner peor". Desde el Gobierno lo denunciaron por amenazas extorsivas, según el artículo 149 bis del Código Penal.
Según trascendió, la acusación hace hincapié en que el derecho a huelga debe realizarse "de manera razonable y proporcional". El haber declarado el servicio aéreo como esencial, habilita las chances de la denuncia.
Frente a este panorama, el Gobierno advierte que cualquier medida de fuerza que afecte los servicios públicos esenciales, sin agotar antes otras alternativas, podría ser vista como una "huelga salvaje".