El presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario, por considerar que la iniciativa aprobada por el Congreso viola principios establecidos en la ley de Administración Financiera al no precisar los recursos con los que se costearían los gastos no previstos en la ley de Presupuesto y que estimó en más de $ 1,7 billón.

El veto se concretó en acuerdo de ministros mediante del decreto 879/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, y en sus considerandos asegura que el proyecto de ley es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina su fuente de financiamiento”.

A pesar de no tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, la norma lleva la firma de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y todos los ministros, un requisito que no es necesario para un decreto común.

La decisión del Poder Ejecutivo se formalizó sobre el cierre del plazo legal para ejercer su derecho a veto y al día siguiente de la masiva marcha realizada en la Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, con otras movilizaciones en el resto del país, en repudio a la postura oficial, que ya venía siendo anunciada desde el mismo momento de la aprobación del proyecto.

En ese sentido, el miércoles la Oficina del Presidente difundió por redes sociales un comunicado en el que confirmaba la decisión de vetar el proyecto, al que calificó de “irresponsable” e irónicamente celebra el “sinceramiento” de diferentes dirigentes opositores por “unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico”.

Milei y su gabinete fundamentaron el veto en lo establecido en el artículo 38 de la ley 24.156 de Administración Financiera, que indica que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Pero también mencionó al reglamento del Senado, que en su artículo 126 prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento” y que en caso de no cumplirse con ese requisito “no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada”.

En un repaso de los impactos fiscales que, en la visión de Milei, implicaría la aplicación de la ley, se aseveró que los artículos 3 y 4 implicarían un incremento del Presupuesto de $251.907,5 millones.

Por su parte, la recomposición salarial contemplada en el artículo 5 representaría gastos adicionales por $ 811.569 millones, pero por “la falta de claridad en las disposiciones sancionadas” se podría interpretar que las erogaciones ascenderían a $ 1.516.944.675.060, con lo que se completaría un gasto de $ 1.768.852.175.060.

“El proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, plantea el gobierno en el DNU.