El proyecto legislativo para recomponer el presupuesto universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados, tendrá, de convertirse en ley, un costo fiscal de 0,14% del PBI. Tras la sanción de la nueva fórmula jubilatoria, que el Gobierno vetará pero los legisladores podrán reflotar, otra amenaza con origen en el Congreso se cierne sobre el superávit 2024 conseguido por el Gobierno mediante el uso de la motosierra y la licuadora. Entre la nueva fórmula jubilatoria, la baja del Impuesto PAIS decretada por el propio Gobierno desde el próximo lunes y el proyecto de recomposición del presupuesto universitario, se suma un costo fiscal de al menos 0,67% del PBI dentro del ejercicio correspondiente al 2024. Se trata de una cifra bien por encima del superávit logrado en lo que va del año, que hasta acá fue del 0,4% del PBI.

La iniciativa para recomponer el financiamiento a las universidades, que apareció en un contexto de histórico desplome de las transferencias a las casas de estudio públicas, incluye nuevas partidas para gastos de funcionamiento y para salarios y una nueva fórmula de actualización por IPC, para evitar nuevos atrasos. Cuenta con media sanción de Diputados. Las dificultades para el Gobierno a la hora de vetar una potencial sanción pueden aparecer por el lado de evitar que se repitan las imágenes de la mutitudinaria marcha universitaria del 23 de abril pasado, que colmó la Plaza de Mayo en protesta por los recortes de presupuesto.

Desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), destacaron que el proyecto "propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de esas casas de estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante también por el IPC". Y concluyó: "Se estimó para el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".

La iniciativa ya superó la instancia de Diputados y ahora la comisión de Presupuesto y Hacienda le pidió a la OPC una estimación de su impacto fiscal. El antecedente más inmediato había sido la sanción de la nueva fórmula jubilatoria. La misma OPC había estimado entre el 0,4% y y el 0,74% del PBI el impacto en 2024 de aquel proyecto que activará el veto del presidente Javier Milei. En 2025 ya treparía hasta entre 0,69% y 1,25% del PBI. Como referencia, el superávit conseguido en los primeros 7 meses del año equivale a 0,4% del PBI.

Otra inicitativa prometida hace tiempo pero confirmada esta misma semana, pero en este caso con origen en el propio ministerio de Economía también impactará sobre las cuentas públicas y es la baja de la alícuota del Impuesto PAIS a las importaciones: pasará del 17,5% al 7,5% y generará un costo fiscal de entre el 0,13% y el 0,18% del PBI en los meses que quedan del 2024. Su prometida eliminación en 2025 además implicará resignar 0,76% del PBI por el lado de los ingresos tributarios.

Iaraf estimó al costo de la baja del impuesto como equivalente a entre 14% y 20% del superávit conseguido en lo que va de este año. Como el proyecto universitario tiene un costo fiscal similar, se puede concluir que entre ambas iniciativas se consumiría al menos el 28% del superávit. El Gobierno deberá intentar suplirlo, siempre que el Senado sancione y se supere el veto, con más ajuste del gasto. La vuelta de Ganancias compensará parcialmente.

La marcha universitaria del 23 de abril pasado se dio luego de ajustes en las transferencias del Gobierno a las universidades del 31% interanual real durante enero, del 25% real en febrero, del 18% real en marzo y del 27% real en abril. En mayo mejoró y fue del 19% real pero en junio se disparó a un inédito 95% real. En julio moderó a un 20,1% real. Números fuertes acerca de la caída de un presupuesto destinado a un sector clave.