El Senado sesionará este jueves las 11 en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con los gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei.

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza.

El temario también incluye el proyecto que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego. También la Ley Nicolás, que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos.

Cuánto impacta en en las cuentas fiscales 

El Senado tiene la pelota y podrá avanzar en los proyectos que el Gobierno vetó y en los que ahora el Congreso, con el Ejecutivo a la defensiva, busca insistir: el reparto automático de ATN, el incremento para las universidades y el financiamiento para el Garrahan.

El impacto total de rechazar todos los vetos rondará el 0,286% del PBI, número similar al 0,3% de superávit fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, logró celebrar motosierra mediante y quegeneró el ingreso en la zona rece-siva, con impacto electoral negativo para el oficialismo.

El primero de ellos, con un costo fiscal de 0,04% del PBI al año, según estimó el presidente del Iaraf, Nadin Argañaraz, se discutirá  este jueves. Si la oposición consigue dos tercios de los votos, definirá Diputados

Para la semana que viene se espera el debate, también en el Senado, del rechazo a los vetos en universidades y el Garrahan. En ese caso, será la batalla definitiva, si se consiguen los mentados dos tercios, serán leyes.

En el caso de las universidades, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo en términos fiscales llega al 0,23% del PBI anual. El otro tiene un impacto del 0,016% anual, también según la OPC. Es decir: entre lostres, podrán generarle al Gobierno gastos por 0,286% del PBI en un año como el 2025.