El vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó abierta la posibilidad de una prórroga sobre la rebaja de las retenciones a la soja y sus derivados, cuyo vencimiento está programado para el próximo lunes 30 de junio. En una conferencia de prensa, Adorni aclaró: “No hay ninguna determinación, en caso de que la haya, la vamos a comunicar”. La expectativa en el sector agropecuario es clara: evitar el regreso a los niveles anteriores, donde los derechos de exportación para la soja y sus subproductos alcanzaban el 33%.

Desde enero, el Gobierno de Javier Milei implementó una rebaja temporal en las retenciones: la soja pasó del 33% al 26%, y para los subproductos de soja, el porcentaje se redujo del 31% al 24.5%. Sin embargo, la continuidad de esta medida está en duda, a pesar de la presión del agro para que no se revierta el beneficio. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que los derechos de exportación reducidos seguirán para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026, pero para otros productos, como la soja y el maíz, se prevé el regreso a las alícuotas anteriores.

En los últimos días, la presión del sector agrícola creció. A través de declaraciones de asociaciones como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Apronor, se exigió al Gobierno la eliminación total de los derechos de exportación. Estas organizaciones argumentan que las altas cargas fiscales, sumadas a la falta de competitividad frente a otros países, afectan gravemente la rentabilidad de los productores.

El campo no fue el único en manifestar su preocupación. Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), más del 63% de lo que le queda al productor se destina al pago de impuestos, lo que elevó el malestar dentro del sector. Las retenciones, si bien fueron reducidas transitoriamente, son un punto clave en la discusión sobre la competitividad y la viabilidad económica del agro.

Ante la inminente suba de las retenciones, los exportadores reaccionaron de manera anticipada. El martes 24 de junio, se registraron anotaciones masivas de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo que se interpretó como una medida preventiva para fijar las alícuotas antes del cambio normativo.

La decisión sobre la prórroga o el regreso a las alícuotas anteriores sigue en suspenso, y el próximo lunes se definirá si el Gobierno decide avanzar con un nuevo decreto o restablecer las tasas de exportación previas. En este contexto, el sector agropecuario espera señales claras de parte del Ejecutivo, mientras las negociaciones sobre la competitividad y el peso de los impuestos marcan la agenda.