La corte suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de este domingo, cuando miles de manifestantes entraron y destruyeron las instalaciones de las sedes de los tres poderes del Estado alentando las condiciones para un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva.

Brasil: medidas políticas tras el ingreso a la Corte

La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil, quien también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país, de acuerdo con la prensa local.

El juez respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que "la escalada violenta" contra la sede de los tres poderes "solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva" de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.

En su cuenta oficial de Twitter, Rocha publicó una nota en la que hace referencia a su postura ante lo ocurrido. 

Cambios en la política de Brasil 

Mientras continuaban los incidentes, Rocha realizó una publicación en las redes sociales en la que anunció la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, quien se encuentra en EEUU, al igual que Bolsonaro.

Rocha también había destituido de manera fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), una figura muy cercana del ahora expresidente.

Miles de seguidores de Bolsonaro invadieron ayer por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), motivo por el cual Lula decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia, acusando a los responsables de la policía local por haber liberado la zona y permitir un ataque que rememora el que sufrió el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

Alrededor de 400 personas fueron detenidas en una jornada que fue repudiada por todos los países de la región, EEUU, Europa y Rusia y China, que se produjo justo una semana después de la asunción de Lula.

Un grupo de legisladores brasileños comenzó hoy a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que investigue la eventual responsabilidad e implicancia de Bolsonaro en el ataque.

Impulsado por la senadora de Unión Brasil Soraya Thronicke, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) funcionará al estilo del comité en Estados Unidos que durante este último año investigó el grado de responsabilidad del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio de 2021, informó la agencia de noticias Europa Press.