La Libertad Avanza (LLA) presentó este lunes ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, un pedido formal para reimprimir la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. La solicitud se produjo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional.

En el escrito, la fuerza oficializó la renuncia y pidió que Diego Santilli ocupe el primer lugar de la lista, en reemplazo de Espert. Además, solicitó que se reimpriman todas las boletas con la nómina actualizada, con el argumento de preservar la claridad y la transparencia del proceso electoral.

La resolución ahora depende del juez Ramos Padilla, quien deberá pronunciarse sobre dos aspectos centrales: el reemplazo de Espert por Santilli y la autorización para reimprimir las boletas destinadas a casi 14 millones de electores habilitados en la provincia. Mientras el primer punto se considera viable, el segundo presenta una complejidad técnica y económica significativa, ya que implica una inversión estimada en alrededor de 12.000 millones de pesos.

Desde el Gobierno indicaron que, en caso de que la Justicia apruebe la medida, LLA asumirá el costo total de la reimpresión. “Si el juez dice que tiene que pagarlo LLA, tendrá que pagarlo LLA”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos. Admitió que el partido no cuenta con esos fondos, pero señaló que recurrirán a “apoyos y donaciones” para cubrir la suma.

Boletas ya impresas y oposición política

Fuentes judiciales señalaron que cerca del 70 % de las boletas ya fueron impresas, y que solo restan pequeñas correcciones por errores de impresión. Esto vuelve más difícil avanzar con una reimpresión total, dado que la BUP incluye a todas las fuerzas políticas y cualquier modificación requiere una audiencia con representantes partidarios y una posterior decisión judicial.

El peronismo bonaerense cuestionó duramente el pedido oficialista y advirtió sobre el gasto que implicaría. Estimó el costo en torno a los 15.000 millones de pesos, equivalente, según detallaron, a 37.845 jubilaciones mínimas, 10.000 salarios docentes, dos campus universitarios, 20.000 tratamientos anuales para personas con discapacidad o un año completo de transporte adaptado en todo el país.

Por su parte, Unión Federal, encabezada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un escrito ante la Justicia Electoral para que no se reimprima la BUP y se respete el corrimiento de la lista, dejando en el primer lugar a la segunda candidata, Karen Reichardt.

La normativa vigente (decreto 171/2019) establece que, en caso de renuncia, el reemplazo debe efectuarse por una persona del mismo género que figure en el orden siguiente, criterio que en este caso ubicaría a Santilli como cabeza de lista. Sin embargo, algunos especialistas advierten que esta disposición fue pensada principalmente para garantizar la paridad cuando la primera candidata es mujer, por lo que la interpretación quedará en manos de la Justicia electoral.

Críticas técnicas y alternativas

El director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén, se mostró contrario a la reimpresión total. Consideró que, con el 70 % de las boletas ya impresas con la imagen de Espert, “lo adecuado es mantener las originales” para evitar la coexistencia de dos modelos diferentes, lo que “podría generar confusión”.

Bermolén advirtió que reimprimir el total implicaría “una inversión de más de 10 millones de dólares y el descarte de lo ya recibido, con costos adicionales de logística y el peligro latente de que se mezclen partidas de las viejas y las nuevas”. También señaló que imprimir solo el 30 % restante “significaría que hay dos modelos en un mismo territorio”, lo que complicaría el proceso.

Como alternativa, propuso colocar etiquetas autoadhesivas sobre la columna de LLA al momento de entregar la boleta, aunque reconoció que esta medida recargaría la tarea de las autoridades de mesa, que deberán aplicar el nuevo instrumento electoral por primera vez.

“El electorado debe identificar claramente a la alianza o frente electoral, y eso está asegurado. Lo que se elige el 26 de octubre es un partido, no un candidato individual”, explicó Bermolén. Además, remarcó que en un contexto de crisis económica y con la suspensión de las PASO por falta de recursos, “resulta inadecuado y hasta un despropósito malgastar recursos millonarios para una mínima enmienda”.

La Justicia electoral deberá resolver en los próximos días si autoriza la reimpresión de la Boleta Única Papel o si mantiene el modelo original, en medio de presiones políticas, restricciones presupuestarias y advertencias técnicas sobre la viabilidad operativa.