El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley 27.786, conocida como “Ley Antimafias”, para combatir y endurecer las penas para organizaciones criminales. 

La normativa había sido sancionada por el Congreso en las sesiones extraordinarias y se oficializó este lunes a través de la publicación del Decreto 177/2025 en el Boletín Oficial. 

La votación fue acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y espacios federales. A este lote se sumaron los votos de los kirchneristas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy).

Qué es la Ley Antimafias: los cambios

La Ley Antimafias aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y apunta a desbaratar e impedir el accionar de bandas del crimen organizado dedicadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas.

Una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.

Se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. En esa línea, se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.  

Así, se eliminan las diferenciaciones según el rol dentro de la organización y todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal.

La ley 27.786 considera como organización criminal a cualquier grupo de “tres o más personas” que “durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Además, introduce nuevos criterios para identificar la participación de delincuentes en organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en un mismo territorio y el intento de ejercer control sobre determinadas áreas.

Uno de los principales cambios que introduce la ley es la posibilidad de declarar ciertas zonas como “sujetas a investigación especial”. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad federales y provinciales realizar operativos coordinados con la justicia, intervenir comunicaciones y confiscar bienes relacionados con actividades criminales.

La nueva norma legal permitirá “detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos” con “autorización del Ministerio Público Fiscal y siempre que exista urgencia fundada, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente”.