Con fuerte hermetismo, el Gobierno se prepara para recibir este lunes a las 18 a las principales fabricantes de alimentos, con el objetivo de cerrar un acuerdo para mantener congelados los precios de 1.247 productos de la canasta básica, que retrotraiga los últimos aumentos hasta el 1 de octubre pasado.

El flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, amenazó con "aplicar las leyes" en caso de que las empresas no dieran el visto bueno a la propuesta oficial.

"Hay intención de diálogo, hay intención de negociación y hay voluntad de que prospere un acuerdo. Lo que no se va a modificar es la decisión política de establecer una canasta amplia con precios retrotraídos al 1 de octubre y vigente hasta el 7 enero", señalaron desde el Gobierno a la agencia Télam.

BAE Negocios intentó comunicarse con voceros de ese área pero no respondieron las solicitudes.

"Estamos dispuestos a aceptar el acuerdo, probablemente haya ajustes respecto a la lista" de artículos alcanzados en estos Precios Cuidados ampliados, señalaron desde una firma líder que participará del encuentro.

En tanto, las consultas realizadas al sector supermercadista coincidieron en un punto: la cadena de comercialización todavía no fue convocada oficialmente.

Por el contrario, las miras están puestas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que preside el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que llevaría a los despachos del Ministerio de Desarrollo Productivo una contrapropuesta, aunque otras fuentes pusieron en duda esta versión.

Por lo pronto, la herramienta que tiene más a mano el Gobierno nacional es la Ley de Abastecimiento de 1974, la cual fue suavizada en el 2014 cuando fue modificada, con un nuevo título: "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo". La norma lleva la firma del ex vicepresidente Amado Boudou, quien cuando fue jefe del Palacio de Hacienda tenía de segundo al propio Feletti.

Lo cierto es que la ley 26.991 establece que el Ejecutivo puede determinar "márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios" para productos de primera necesidad. Las sanciones para los fabricantes que no cumplan con los requisitos de abastecimiento, o tengan ganancias abusivas, entre otras maniobras, podrán recibir multas que van de los $500 a los $10 millones, ser clausurados, inhabilitados para operar o se les incautará la mercadería, entre otras medidas.

El Gobierno busca acelerar la recuperación del poder adquisitivo y el dato de inflación del 3,5% de septiembre volvió a encender las alarmas entre los funcionarios, sobre todo de cara a las elecciones generales del mes que viene. De ahí la intención de realizar un Precios Cuidados ampliado hasta entrado el 2022.