“La única manera de remover a un juez de la Corte Suprema es mediante el juicio político”, defendió el juez designado por decreto, Manuel García Mansilla, a una semana de que el Senado vaya a sesión para tratar su pliego y el de Ariel Lijo frente al máximo tribunal. En el Senado sostienen que, de ser rechazado, deberá dejar su cargo de inmediato, pero en el Gobierno creen que su nombramiento deberá mantenerse hasta el 30 de noviembre.

El alegato del cortesano se dio a conocer hoy, en el marco de una causa que promovió la inconstitucionalidad de su nombramiento por decreto ante el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla. En su defensa, Mansilla argumentó que un juez no puede remover a otro juez y, si bien recordó que su designación es temporal y provisoria, el único mecanismo que reconoció como viable para destituirlo es a través del juicio político. Además, defendió el criterio de la Corte al haberle tomado juramento.

La Justicia resolvió esperar hasta el 3 de abril, cuando se prevé que la Cámara alta, la cual firmó dos dictámenes de rechazo y ninguno a favor del pliego del magistrado, vote a los candidatos del Gobierno de Javier Milei. La avanzada opositora asoma más complicada para el catedrático, puesto que los 34 de Unión por la Patria ya están asegurados en su contra y con un máximo de 25 votos en contra que bloqueen los dos tercios podrían rechazarlo.

Al peronismo se puede sumar un buen número de radicales: Martín Lousteau, Carolina Losada, Maximiliano Abad y Pablo Blanco, por lo pronto, son los que condenaron, junto a Guadalupe Tagliaferri (PRO), que Mansilla haya aceptado ser nombrado por decreto y buscan rechazarlo principalmente para defender la institucionalidad de la Cámara.

Sin embargo, en el Gobierno ya adelantaron en más de una oportunidad que ellos creen que, aunque en el Senado lo rechacen, la atribución del nombramiento por decreto que la Constitución le otorga al Ejecutivo corre en paralelo al pliego que trate el parlamento y, en ese sentido, corresponde que se quede ante la Corte hasta que termine el año legislativo. 

"El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, defendió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, semanas atrás. Hoy volvió a dar declaraciones públicas a favor de esa postura y además confirmó, tal como adelantó BAE Negocios, que el Gobierno no piensa retirar los pliegos.

Según le ampliaron a este medio, en Balcarce 50 se desentienden de lo que pueda resolver el Senado porque confían en el criterio de la Corte, la cual deberá resolver en última instancia la validez de sus propios integrantes si avanza su judicialización. Hoy Mansilla dejó en claro que no prevé el rechazo del Senado como una salida obligatoria pero puede resignar por su cuenta al cargo, si así lo considera, ante la negativa de la Cámara. Aún no hay una postura concreta frente a ese escenario.

Todavía no hay un escenario concreto sobre el futuro de los jueces, puesto que el quórum de la sesión del 3 de abril todavía es cuestionable. Incluso dentro de los que rechazan a Mansilla por decreto no garantizan bajar a la sesión, y a eso se suma que la negociación por Lijo, también designado por decreto, divide a la bancada de José Mayans (UxP), que además sufrió una fuerte fractura con la creación de un bloque peronista que se distanció del liderazgo de Cristina Kirchner en el Senado.

Los cuatro díscolos de Convicción Federal -Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja)- se consideran como parte de la cuenta de entre 8 y 14 votos a favor de Lijo que todavía mantendría el peronismo. Nadie muestra las cartas y el desafío principal será conseguir el quórum, puesto que lo que buscan es no exponerse. En el Gobierno se desligan de esa negociación y se le atribuye al juez federal la responsabilidad de conseguir su consenso. 

"No voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”, expresó Lijo en un escrito que le envió al juez Padilla en el marco de la causa. Su situación es distinta: tiene un dictamen favorable en el Senado y la Corte, con aval de Mansilla, rechazó su pedido de licencia para integrar el máximo tribunal, por lo que no asumió en comisión.