Helicópteros, pilotos y una quinta bajo la lupa: la Justicia avanza sobre la trama AFA
El juez Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas en la causa por presunto lavado vinculada a dirigentes de la AFA y puso el foco en el helipuerto de una quinta en Pilar
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky avanzó en la investigación por presunto lavado de activos que involucra a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó nuevas medidas para reconstruir quiénes utilizaron el helipuerto de una lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.
El foco está puesto en los vuelos en helicóptero que aterrizaron en el predio de la calle Misiones 4097, una propiedad que la denuncia atribuye a una trama de testaferros vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En ese marco, el magistrado pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la nómina de pilotos que operaron en el helipuerto desde su puesta en marcha hasta la actualidad.
El pedido a la ANAC y la pista aéreaEn una resolución firmada este viernes, Aguinsky ordenó a la ANAC que informe con carácter urgente la lista de pilotos que operaron en el helipuerto del predio. El requerimiento se cursó luego de que el organismo indicara que, si bien la instalación está autorizada, el registro de aterrizajes y despegues debe llevarlo el responsable del lugar en un libro que no apareció entre la documentación secuestrada.
Según consta en la causa, quien figura como responsable del helipuerto es Luciano Nicolás Pantano, investigado como presunto testaferro.
Un cambio de juez y nuevas medidasAguinsky recibió el expediente esta semana, luego de que la Cámara Federal resolviera que la investigación debía tramitar en el fuero penal económico y no continuar bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, quien había ordenado los primeros allanamientos.
Desde entonces, el magistrado dispuso nuevas medidas de prueba. Entre ellas, pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos hallados en la quinta, establecer quiénes contaban con cédulas azules para conducirlos y relevar si estaban vinculados al sistema Telepase o contaban con dispositivos de rastreo.
Durante el allanamiento, la Policía Federal encontró en un galpón del predio "45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings", que quedaron secuestrados por orden judicial.
En la propiedad también apareció un bolso negro con el nombre "Pablo Toviggino" y una placa del Club Atlético Barracas Central dedicada al tesorero de la AFA por su participación en la reinauguración del estadio, fechada el 18 de julio de este año.
Los supuestos testaferros y la trama societariaLa quinta figura a nombre de Real Central SRL, una sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Según surge de la investigación, la empresa incrementó su capital social de $300.000 a $58 millones en mayo de 2024, semanas antes de adquirir el predio. En ese proceso, Pantano cedió su participación accionaria a su madre, que pasó a convertirse en la principal accionista.
Ambos fueron convocados por el juez Aguinsky para presentarse en el juzgado y brindar explicaciones. La investigación judicial sostiene que Pantano y Conte —un monotributista con deudas bancarias y una jubilada que durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)— no tendrían capacidad económica para adquirir los bienes investigados, lo que alimenta la hipótesis de que actuarían como testaferros, tal como denunció la Coalición Cívica.
El vínculo territorial bajo análisisLa causa también incorpora elementos vinculados a una propiedad en el barrio privado Ayres Plaza, en el mismo partido de Pilar. Durante un allanamiento en ese country, la Policía secuestró documentación que acredita que Pablo Toviggino y una de sus hijas figuraban entre las personas autorizadas para ingresar de manera permanente al predio, donde Pantano y Conte poseen una vivienda.
Qué busca probar la JusticiaAdemás del uso del helipuerto, Aguinsky pidió informes sobre los titulares de los servicios de internet, cable y telefonía móvil vinculados a la quinta, con el objetivo de establecer quiénes afrontaban sus gastos cotidianos. El lugar cuenta con más de 105.000 m² dentro de los que se ubican una caballeriza, un quincho, una casa principal, una casa de huéspedes, una cafetería, una oficina, una garita y el helipuerto investigado.
La investigación continúa en etapa de instrucción y apunta a determinar quiénes utilizaron efectivamente los inmuebles y si existió una maniobra de ocultamiento y disimulación del origen de bienes de alto valor económico, tal como plantea la denuncia.