El gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó de oficio a tres empresas dedicadas a la comercialización de viviendas prefabricadas por la comisión de presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que podrían ser sancionadas con multas de más de $400 millones. Se trata de las empresas Viviendas La Solución, Viviendas Rolón y Viviendas Roca, que ya fueron notificadas de la imputación y cuentan con cinco días hábiles para presentar su descargo, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

La cartera provincial, ejerciendo facultades de control y prevención de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, realizó un relevamiento de oficio tendiente a analizar los contratos celebrados entre los proveedores de viviendas prefabricadas y los consumidores bonaerenses. En ese marco, además buscó verificar si los contratos estaban publicados en las páginas web de las empresas.

El resultado de la investigación determinó que las empresas no tienen publicados los contratos en los portales en donde ofrecen y comercializan sus productos, infringiendo el derecho constitucional de acceso a la información de las consumidoras y los consumidores.

Por tal motivo, se les ordenó que cumplan con la publicación y exhibición de los referidos contratos, a fin de garantizar que la ciudadanía cuente con dicha información al momento de contratar (conforme lo establecen el artículo 38 de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y la Resolución 271/2020 de la ex SCI)

En los casos de Viviendas Roca y Viviendas Rolón se ordenó no solo la publicación de los contratos en las webs sino también que los presenten ante las autoridades provinciales a fin de efectuar el análisis correspondiente.

En lo referido a la firma Viviendas La Solución, se pudo analizar su contrato y fue imputada por incluir siete cláusulas presuntamente abusivas y contrarias a los derechos de las consumidoras y los consumidores, de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 37 de la ley 24.240. Entre ellas se encontraron cláusulas redactadas de manera confusa que dificultan el ejercicio de los derechos de las consumidoras y los consumidores, como la que expresa que "las señas entregadas no se devuelven bajo ningún concepto", en abierta contradicción con la normativa vigente, puesto que los proveedores deben reintegrar las sumas abonadas en caso de algún incumplimiento. Otra práctica abusiva de esta firma se centra en que la seña constituya un alto porcentaje del valor total de la vivienda (más de un 40%), sumado a la facultad que se reserva la empresa de analizar las garantías exigidas para el otorgamiento del préstamo en un momento posterior a la entrega de la seña.

También fueron observadas algunas cláusulas que establecen limitaciones en la responsabilidad de la empresa e incumplen el deber de garantía legal que poseen todos los bienes y servicios, al disponer que "una vez concluida la construcción, la reparación o la sustitución de cualquier componente de la misma estará a cargo del solicitante".