Recientemente estalló la disputa sobre las jubilaciones. En resumidas cuentas, con 61 votos a favor y 8 votos en contra, el Senado sancionó una nueva de ley de movilidad jubilatoria que introduce modificaciones en las actualizaciones de los haberes previsionales, tras lo cual el Gobierno puso el grito en el cielo por encontrar su plan económico seriamente afectado y el Presidente anunció que la vetaría.

Principales modificaciones

¿Cuáles fueron las principales introducciones de esta reforma jubilatoria que terminaron por generar la polémica?

Primeramente se destaca que, si bien se pretende mantener el esquema de actualización por inflación implementado por el Gobierno, la nueva normativa incorpora una suba adicional de 8,1% con la intención de compensar la inflación de 20,6% registrada en enero y que no supo verse reflejada en su totalidad en la evolución de los montos de las jubilaciones. En otras palabras, este incremento pretende recomponer el poder adquisitivo que las jubilaciones tenían hasta el año pasado, que de por sí ya era muy bajo. Luego, se dispone la modificación del haber mínimo. En ese marco, la ley establece que la jubilación mínima no podrá ser inferior a 1,09 canasta básica, determinando un incremento de $15.000 frente a lo percibido en junio.

Finalmente, hay que subrayar que la nueva fórmula de movilidad recientemente sancionada incorpora el derrotero de los salarios en el cálculo de los haberes jubilatorios para que no dependan únicamente del indicador inflacionario. En este sentido, en caso de que el índice de inflación fuese menor que el índice denominado "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables" (RIPTE), los jubilados percibirían un 50% de esa diferencia mediante un ajuste que se realizaría de forma semestral.

Impacto económico

Ahora bien, en miras de todas las reformas introducidas, ¿cuál sería el impacto en el gasto público? Y, además, ¿cómo se relaciona con la preocupación oficialista por las cuentas públicas?

En lo que respecta al impacto económico existe una notable discrepancia. Mientras que las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indican que los cambios representarían un gasto extra de 0,45% del PBI a lo largo del año, el comunicado de la Oficina del Presidente afirma que la ley "implica un gasto del 1,2% del PBI o, lo que es lo mismo, un 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos".

A esta divergencia en las proyecciones se le añade que el Gobierno destaca no solo el impacto en el erario de tamaña dimensión sino que también destacó: "Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales desde enero, mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación".

Ejecución presupuestaria

Al contrastar lo anterior con la ejecución presupuestaria se observa que la evolución de las jubilaciones dista bastante de la conducta descripta por el Gobierno. A saber, las prestaciones sociales son la partida que mayor participación presenta en los gastos públicos, con el 64%. Las mismas sufrieron una contracción interanual del 20,7% durante el primer semestre del año. En su interior, quienes mayor participación denotan (con el 37%) son las jubilaciones y las pensiones contributivas, que cayeron un 25,3% en los primeros seis meses frente a igual período del año anterior.

Para comprender los motivos de la presencia de resultados fiscales superavitarios, en un escenario de recesión económica y por lo tanto de menores ingresos interanuales tributarios, es menester destacar la reducción que sufrieron los gastos públicos con foco en las partidas señaladas, en detrimento de los jubilados.

De esta manera, resulta indudable la participación que las jubilaciones tuvieron en el ajuste que se llevó a cabo desde comienzos de año, en concordancia con el plan económico diseñado por el Gobierno. Y el veto propuesto por el oficialismo continúa confirmándolo. En un contexto de tensión y disconformidad social, aún queda por ver cuánto podrán tolerar los sectores más postergados y perjudicados en pos de la prometida mejora económica que parece no llegar más.