La oposición “dialoguista” de Diputados puso en jaque al presidente Javier Milei con un pedido de sesión especial la próxima semana para aprobar la reforma a la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) e incluyeron en el temario, tal como anticipó BAE Negocios, el DNU 846/2024 que flexibiliza los canjes de deuda. El raconto de votos, por ahora, inclina la balanza a favor de la oposición, y esperan con esto poder presionar al Gobierno con la negociación del Presupuesto 2025.

El pedido se fijó para el próximo martes 12 de noviembre a las 15 y corrió por cuenta de Encuentro Federal, bloque presidido por el diputado Miguel Ángel Pichetto, Democracia Para Siempre, la bancada de radicales díscolos que comanda Pablo Juliano y Unión por la Patria (UxP). Los primeros dos acumulan 28 votos que se suman a los 99 que conduce Germán Martínez (UxP): según las fuentes consultadas por este diario, ellos condicionaron su apoyo si incluían el rechazo al DNU de canje de deuda.

De tener asistencia perfecta, la Izquierda terminaría de blindar la mayoría absoluta que necesitan en el recinto para no depender de la UCR de Rodrigo De Loredo y la Coalición Cívica; dos bloques que, si bien criticaron que el Ejecutivo se haya habilitado la reestructuración de la deuda sin pasar por el Congreso, no querían tratar este año la reforma a los DNU.

Los números cierran en 132; quórum más tres de sobra. El apoyo de la izquierda estaría garantizado, aunque las fuentes son escépticas con el kirchnerismo: creen que de acá al martes todo puede cambiar. 

En el medio, el debate por el Presupuesto 2025 sigue en vilo. La reunión de comisión que habían agendado para este jueves a las 15 fue suspendida y no dieron motivos concretos. Con esto, el objetivo de ir al recinto en Diputados el 20 de noviembre empieza a desdibujarse: la oposición, que no tiene margen de negociación puesto que si no aprueban el Presupuesto como está el Gobierno igual sale ganando con un ajuste por default, cree que bajando el DNU de canje de deuda obligan a que el Ejecutivo necesite el respaldo del Presupuesto.

Por su parte, fuentes del oficialismo consideraron que los gobernadores “son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno” y creen que esta medida “atenta contra las negociaciones”por obras públicas que el propio Milei viene tejiendo con los mandatarios provinciales, en el marco del Presupuesto 2025.

El proyecto en cuestión se trata de una modificación de la ley 26.122 que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, cuando gobernaba Néstor. Así, se habilitó que el entonces presidente pueda reforzar su facultad de legislar por DNU al necesitar que ambas cámaras expresen su rechazo para derogarlo. Al no cumplirse los plazos para tratar los decretos -producto, también, de la ambiguedad del “inmediato” tratamiento que se dispone por ley-, los DNU históricamente quedan en un impass legislativo: el único que pudo bajarse, desde la sanción de esta ley, fue el que le asignó $100.000 millones a la SIDE.

Con la reforma de ahora lo que buscan es que se aceleren los procesos. En primer lugar, todos los bloques coinciden en retrotraer lo que dispone el artículo 24 para que con el rechazo de una sola Cámara sea suficiente para derogar un DNU. A su vez, EF, DPS y UxP agregaron, en su dictamen, un plazo de caducidad para que un DNU pierda vigencia a los 90 días corridos, si no se expide el Congreso.

Este último punto fue repudiado por la UCR, que fue con dictamen propio -aunque no firmaron todos, solo Karina Banfi, la vice de bloque-. Ellos suman que con solo cinco firmas en total -ya sea de diputados o senadores- se pueda convocar una reunión de comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para destrabar su inactividad. La Coalición Cívica firmó su propio dictamen, aunque divididos, y habían dicho que no estaban de acuerdo con llevar este tema este año al recinto.

El proyecto, de tratarse en el Senado antes de que terminen las sesiones ordinarias, igualmente es un veto asegurado de Milei. En ese sentido, el oficialismo busca reconstruir, por tercera vez en el año, el piso del tercio más uno para blindarlo. Lo pueden encontrar, como es habitual, en los partidos provinciales de la Cámara de Diputados, siempre que el PRO los acompañe.

El partido amarillo no le garantiza su respaldo: no firmó el dictamen de rechazo con LLA la semana pasada, se trata de un proyecto que ellos en el pasado han incentivado a que se apruebe, y los puentes de diálogo con el Gobierno quedaron manchados tras el fallido aviso del aumento universitario que no les habían consultado. Las mesas parlamentarias en Casa Rosada hace dos semanas que no se llevan a cabo.

A este proyecto le quieren sumar el tratamiento del DNU que reemplaza el artículo 11 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto que, a su vez, replicaba el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se trata de una norma que exigía que el Estado debería garantizar por lo menos dos de los siguientes requisitos: estirar los plazos de los vencimientos, achicar el monto del capital total o reducir la carga de los intereses, a la hora de encararla reestructuración de una deuda. El Presidente eliminó estas condiciones y con este DNU permite realizar canjes de deuda en cualquier moneda y “teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados”, sin autorización del Congreso.

El plazo para que se expida la bicameral se venció hace dos semanas, por lo que no necesitan mayoría especial para bajarlo. Si la oposición logra rechazar el DNU 846 el Senado inmediatamente podrá tratarlo: hasta que no aprueben el proyecto sobre la reglamentación de los DNU sigue siendo necesario que las dos cámaras se expidan para derogarlo. Dependerá de la vicepresidenta Victoria Villarruel el orquestar su postergación para que no puedan avanzar sobre este antes del 30 de noviembre, cuando terminen las sesiones ordinarias. Sus allegados ven el problema como “lejano”.