El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad, tras las declaraciones del mandatario en una entrevista televisiva en las que, según Dalbón, admitió haber decidido que Cristina vaya presa. 

La presentación invoca el artículo 248 del Código Penal, que castiga a funcionarios que dictan órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, y el artículo 366,del Código Penal, que habilita la revisión de procesos si un jefe de Estado reconoce haber influido en una causa.  

Las declaraciones que motivaron la presentación se emitieron en una entrevista que le hizo Luis Majul a Javier Milei en el canal de cable La Nación + (LN+). Allí, Milei vinculó el escándalo que gira alrededor de José Luis Espert con una “operación” en su contra y dijo ser “el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”. Ante esa afirmación, Majul intentó suavizar la situación recordando que “usted no se mete con la Justicia…”. 

Dalbón sostuvo que la frase del presidente “no es una opinión política", sino que es "la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial”, y agregó que la confesión deja en evidencia la ilegitimidad de las pruebas y sentencias dictadas bajo esa influencia, lo que, en su criterio, habilita la revisión de la causa aun cuando la sentencia sea firme. 

La denuncia fue presentada este lunes ante la Justicia y busca una sanción penal y “defender el Estado de Derecho y la división de poderes”, según Dalbón. Para él, las declaraciones del presidente prueban que el Ejecutivo y el Poder Judicial actuaron en conjunto, lo que afecta el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Fernández de Kirchner, y constituyen motivos suficientes para pedir la nulidad de la sentencia. 

Dalbón fue terminante: “Confesó que la Justicia no es independiente. Confesó que la prisión de Cristina fue política. Confesó que el poder sigue usando el Código Penal como arma”, y añadió que esa confesión, “en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al presidente”. El abogado también anunció que impulsarán todas las denuncias vinculadas al llamado “lawfare” y buscarán dejar sin efecto las causas que, a su juicio, fueron producto de persecución política. 

Según el artículo 248 del Código Penal, el delito de “abuso de autoridad” puede incluir de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo. Solo podría ser impuesta por un juez penal una vez que el Presidente haya sido destituido y sometido a un juicio ordinario.