El secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, y referente de Corriente Federal de Trabajadores, fue el primer exponente del mundo laboral en brindar su opinión sobre al acuerdo con el FMI durante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Si bien destacó la postura del Gobierno nacional que pretender solucionar un problema heredado de la gestión Macri, puso el acento en aspectos claves que dicho acuerdo no resuelve.

“El hecho de establecer un condicionamiento en la pauta de crecimiento implica una preocupación sobre cómo podemos generar una mejora sustancial de los ingresos de los trabajadores y jubilados”, sostuvo Amichetti.

El acuerdo con el Fondo estima una convergencia del crecimiento entre el 1,7 y 2,2 por ciento del PBI en el mediano plazo, donde los salarios sólo se moverían a la par de la inflación. De hecho, en el texto del acuerdo se especifica que la masa salarial de los trabajadores públicos acompañará al crecimiento del producto. Ni más ni menos.  

El referente de la Corriente Federal de los Trabajadores también puso el acento en la alta inflación y en la pérdida del poder adquisitivo del salario. En ese contexto, reclamó que se declare la emergencia alimentaria.

“Los incrementos salariales, tanto para los que tienen convenios colectivos como para quienes están en la informalidad, se van en alimentos. Por eso creo que hay que establecer un cupo de materias primas para las exportaciones de maíz, trigo y carne, con precios desenganchados de sus valores internacionales”, agregó Amichetti.

Investigar la deuda

Por su parte, Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, marcó que el acuerdo abre las puertas a las reformas estructurales, “al asumir el compromiso de revisar el sistema previsional”.

 “Consideramos que con este acuerdo también se le abre las puertas para que vuelvan aquellos que fueron responsables de esta situación. El Parlamento no puede convalidar el endeudamiento macrista ni la irresponsabilidad del Fondo en el otorgamiento del préstamo. En este sentido, se debería profundizar la investigación política sobre esta deuda”, sostuvo el dirigente de la CTA-A.

Según un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige Claudio Lozano, director del Banco Nación, el ajuste fiscal para los próximos dos años, en el marco del acuerdo con el FMI, será de 9000 millones de dólares. El documento fue publicado luego de la inauguración de las sesiones ordinarias y formó parte del debate político entre diferentes organizaciones que este miércoles realizarán una marcha al Congreso para rechazar el acuerdo con el FMI.

Suba de la edad jubilatoria

Del amplio mundo de las organizaciones sindicales, quienes se mostraron más benévolos con el acuerdo y en línea con el discurso oficial de “este es el mal menor”, se ubica la Confederación General de los Trabajadores (CGT). Antes de la asistencia a la Cámara de Diputados, el líder de la UOM, Antonio Caló, avaló el aumento “voluntario” en la edad jubilatoria propuesto en el texto del acuerdo.

“La CGT está de acuerdo con lo que firmó el Gobierno, sabemos que es algo necesario para no entrar en default. Es razonable que no haya reforma laboral ni previsional. Después se discutirá la letra chica”, razonó Caló durante una entrevista radical. Aunque después, avaló la posibilidad de modificar el régimen jubilatorio.

“Estoy de acuerdo con subir la edad jubilatoria. Pero también tenemos que ver cómo generar empleo joven. Son las dos cosas a la vez. Si yo hoy gano 80 y cuando me jubilo paso a ganar 30, no me voy a jubilar. Por eso tiene que ser algo paulatino”, agregó el líder de la UOM.

Como “referencia estructural”, el Gobierno se comprometió a estudiar junto al FMI la manera de aumentar la edad jubilatoria de manera voluntaria, dentro de una estrategia que le permita al Gobierno “liberar recursos” para cumplir las metas fiscales pautadas con el organismo multilateral.