La Confederación General del Trabajo (CGT) salió con fuerza a cuestionar el laudo fijado por el Gobierno que estableció el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, una cifra que la central sindical calificó como "insuficiente", "desconectada de la realidad" y muy lejos de lo que necesita un trabajador para cubrir sus necesidades básicas. 

El rechazo se produjo tras la reunión del Consejo del Salario, donde empresarios, representantes estatales y sindicalistas no lograron consenso, y el Ejecutivo terminó imponiendo el monto de manera unilateral.

En un comunicado difundido tras el encuentro la CGT recordó que había llevado a la mesa una propuesta que buscaba "restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023". Ese planteo incluía, además, incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026. 

Según detallaron, lo que proponían era un aumento acumulado del 71,6%, distribuido mediante tramos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril, una recomposición que —si bien no alcanzaba aún a cubrir el valor de la Canasta Básica Total, ubicada actualmente en $1.176.852— representaba un primer paso para encaminar el salario mínimo hacia un umbral compatible con el costo real de vida.

El laudo, en cambio, dejó el ingreso base en un número muy inferior. Para la conducción sindical, esto no solo frustra cualquier intento de recuperación, sino que además consolida una tendencia que, aseguran, viene deteriorando la estructura salarial desde hace varios años. 

La CGT sostuvo que la cifra impuesta "desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores" y que resulta "incompatible con una vida digna", remarcando que el salario mínimo está cada vez más lejos de cumplir su función histórica como referencia para el resto de las escalas salariales y como parámetro de protección social.

En la central obrera también cayó mal la decisión del Gobierno de recurrir nuevamente a un laudo, porque consideran que debilita el rol institucional del Consejo del Salario y desarma el espacio tripartito que se creó para garantizar un ámbito de negociación equilibrado entre sindicatos, empresarios y Estado. Según interpretan, la modalidad impuesta por el Ejecutivo es parte de una estrategia para avanzar sin acuerdos y reducir la influencia del salario mínimo en la indexación del resto de los ingresos formales e informales.

El rechazo se da en un contexto atravesado por un marcado deterioro del poder adquisitivo. Desde fines de 2023, la inflación acumulada supera ampliamente cualquier actualización salarial, y el retroceso en los ingresos reales se ve amplificado por los aumentos de tarifas, combustibles y alimentos. A este escenario se suma el crecimiento de la informalidad laboral y la caída de la actividad económica, factores que según la CGT agravan aún más el impacto del laudo oficial en los sectores más vulnerables.

La central sindical insistió en que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe recuperar su valor y volver a ser "una referencia válida para todas las escalas salariales del país", y advirtió que continuará reclamando una recomposición que acerque el ingreso básico al costo de la Canasta Básica Total. Aunque no lo expresaron públicamente, en el interior de la CGT ya circulan conversaciones sobre nuevas medidas de presión, con la posibilidad de convocar a protestas o acciones coordinadas si no se abre una instancia de revisión.

Con este laudo, el conflicto entre el Gobierno y la central obrera vuelve a quedar expuesto. Y mientras crece la tensión en torno al debate salarial, el salario mínimo —que debería funcionar como piso de protección para millones de personas— vuelve a quedar rezagado en un escenario económico que no da tregua.