La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por "inadmisibles" los recursos extraordinarios interpuestos por Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad. La decisión, adoptada por la sala IV del tribunal, también desestimó un planteo de la fiscalía para agravar la pena de la ex mandataria al sumarle el delito de asociación ilícita.

Según la resolución firmada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, el rechazo se fundamentó en que los recursos presentados no cumplían con los requisitos necesarios para ser tratados por la Corte Suprema. "Los recurrentes no han cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada", argumentaron Borinsky y Barroetaveña en su voto conjunto.

Con esta determinación, el único camino legal que queda para la defensa de Cristina es presentar una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal rechaza intervenir, las condenas quedarán firmes y comenzarán a ejecutarse.

La expresidenta enfrenta una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. La fiscalía había solicitado una pena de 12 años al considerarla jefa de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz. Sin embargo, la Casación ratificó su absolución por ese delito.

El fallo de la sala IV también alcanzó a Lázaro Báez, José López y otros seis ex funcionarios. En disidencia parcial, el juez Hornos consideró que la absolución por asociación ilícita había sido "arbitraria" y ameritaba la intervención de la Corte.

En la sentencia, los jueces de Casación citaron la jurisprudencia del máximo tribunal sobre la "gravedad institucional" de los casos. "No toda decisión dictada en un caso de trascendencia reviste gravedad institucional", sostuvieron, y concluyeron que no se verificó la existencia de una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema.

El 13 de febrero, Cristina había presentado su recurso extraordinario con fuertes críticas a los jueces y fiscales que intervinieron en el caso. "Se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal", sostuvo en su escrito.

La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, con Lázaro Báez como principal empresario beneficiado. La Justicia dio por probado un esquema de defraudación al Estado mediante la concesión irregular de contratos a empresas vinculadas a Austral Construcciones, la firma de Báez.

El próximo paso queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si admite o no la queja de la ex presidenta y los demás condenados. En caso contrario, las sentencias quedarán firmes y la ejecución de las penas podría activarse en el corto plazo.