Este miércoles a las 10 la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Ficha Limpia, que obtuvo su dictamen la semana pasada, y si bien el panorama asoma la aprobación del proyecto en general, habrán cuestiones en el articulado que darán la batalla entre las distintas iniciativas de los bloques.

El Ejecutivo presentó su propia redacción, que fue la que reclutó la mayoría de las firmas (30), con el ministro de Defensa, Luis Petri, a la cabeza, y en colaboración con la diputada amarilla Silvia Lospennato, quien abanderó el proyecto durante todo el año pasado. En línea con el dictamen del 2024, el proyecto mantiene el requisito de doble conforme para aplicar la exclusión en las candidaturas.

Uno de los aspectos innovadores del proyecto que firmó el presidente Javier Milei es que la ratificación de la segunda condena no deberá ser confirmada en el año en el que se lleven a cabo los comicios para que se aplique la ley en esa elección: algo que los diputados denominaron como “cláusula de temporalidad” y es algo que rechazaron en común entre todos los bloques que suscribieron al dictamen.

“Se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral”, expresa la redacción. El argumento en contra es que esa cláusula permitiría que los jueces especulen sobre cuándo resolver los procesos judiciales y así controlar las candidaturas. En ese sentido, se espera que el artículo 1 sea modificado en el recinto para descartar ese punto.

Otro punto clave que agregó la Ficha Limpia violeta es que se extienda además a personas ineligibles que ocupen cargos en la administración pública. El proyecto de Milei específicamente refiere al Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase o funciones equivalentes.

Si bien hubo consenso en este artículo, hubo diferencias con respecto de quiénes alcanzaría. El dictamen de las radicales Carla Carrizo y Danya Tavela, por ejemplo, quiere extenderlo también al Poder Judicial. El bloque Encuentro Federal, por otro lado, también suma a funcionarios de empresas públicas (no solo directores). La Coalición Cívica solo objetó que la redacción de ese artículo quede como lo expresa el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera por una cuestión de prolijidad.

El tema de los delitos que contemplará será otro foco de debate. El proyecto del oficialismo menciona el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, el cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, y los contemplados en el libro segundo del Código Penal sobre Delitos contra la administración pública así como todo otro delito doloso que conlleve enriquecimiento. 

En este sentido hay también otras posturas: el dictamen de Carbajal y Juliano contempla todos los delitos que tienen penas de tres años (no solo corrupción), y los de Innovación Federal -que firmaron el de mayoría en disidencia- agregaron que se tomen en cuenta delitos informáticos.

Ni la Izquierda ni Unión por la Patria apoyarán la iniciativa. A pesar de la división dentro del peronismo, exhibida en la última sesión por la suspensión de las PASO, se espera que sí vayan en unidad en este caso para no propulsar lo que ellos titulan como un intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, UxP había presentado su propio dictamen -que mantenía la necesidad de la sentencia firme, por lo que no afectaba a CFK-. El de la Izquierda directamente fue de rechazo.

En este sentido, la postura del peronismo será clave, puesto que en el Senado cuentan con 34 bancas que con solo tres adhesiones más podrían bloquear el intento de que en la Cámara alta se le de efectivamente una sanción al proyecto. Los mismos diputados anticipan que se archivará y no será posible avanzar definitivamente con la Ficha Limpia.

¿La tercera es la vencida?

Esta será la tercera vez que se intenta ir al recinto para aprobar el proyecto. Para ello, el oficialismo y sus aliados deberán reclutar la mayoría absoluta de los miembros, puesto que modificaría una ley electoral. Son los mismos que necesitan para el quórum, algo que asoma más dificultad que la aprobación incluso, puesto que los bloques dialoguistas no quieren facilitarle la sesión al Gobierno en reclamo por la ausencia del Presupuesto.

Los 129, en principio, asoman accesibles en la Cámara de Diputados: tanto el PRO, la UCR, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, así como otros bloques reducidos “dialoguistas", apoyaron la firma de dictámenes. Sin embargo, cuando se intentó aprobar Ficha Limpia el noviembre pasado todos colaboraron con el “juego de la silla” para que finalmente se frustraran los dos intentos de sesión. Dentro de los ausentes, también hubo diputados de La Libertad Avanza, motivo por el cual los amarillos acusaron al Gobierno de haber hecho un “pacto” con el kirchnerismo para proteger a Cristina Fernández de Kirchner, la principal señalada si prospera el proyecto.