El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, descartó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en el medio de la tensión que la entidad conducida por Claudio “Chiqui” Tapia tiene con el Gobierno. “La IGJ no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar", dijo Vitolo este miércoles por la mañana.

Vitolo aseguró que la AFA “sigue bajo su órbita” pese a que la entidad afirma haberse pasado a la fiscalización de la provincia de Buenos Aires. Para el funcionario, la mudanza votada en asamblea “carece de validez” mientras no haya reforma estatutaria, aprobación formal de la IGJ y cumplimiento íntegro de los trámites administrativos correspondientes. Y agregó: “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”.

El núcleo del conflicto es viejo, pero la tensión ahora escala. En diálogo con Radio Rivadavia, Vitolo aseguró la AFA no presentó el estatuto modificado, no regularizó la inscripción de su última comisión directiva y arrastra una asamblea impugnada que adelantó la renovación de autoridades por cinco años. Ese proceso está judicializado y terminará, salvo giro inesperado, con un fallo de la Corte Suprema.

El otro frente es contable. La AFA mantiene deudas informativas desde 2017. Según Vitolo, los estados contables incluyen partidas globales con “sumas ideales” sin detalle. La IGJ reclamó aclaraciones y nunca obtuvo respuesta. En resumen: ocho ejercicios presentados, ninguno aprobado.

Los números que exigen explicación son pesados:

USD 18 millones en gastos de administración y gestión. USD 3,5 millones destinados al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica. USD 44 millones en gastos de selecciones nacionales. USD 12,5 millones en aportes y subsidios a FIFA y Conmebol.

“Hay que explicar USD 111 millones”, remarcó Vitolo. Lo dijo sin insinuar malversación, pero dejó claro que sin desagregación no hay aprobación. La misma nube de dudas cubre a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino: debe justificar USD 348 millones, incluyendo USD 72 millones registrados en 2020 como “rendiciones a clubes” sin detalles. Vitolo fue lapidario: “¿Cómo puedo hacer un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió cada club?”.

Cuáles son los caminos posibles hacia la intervención

El titular de la IGJ describió los escenarios legales para una eventual intervención:

Vía administrativa (IGJ): solo si hubiera violación grave del estatuto o la ley. No está en análisis del Ejecutivo, dijo Vitolo. Vía penal: un juez podría actuar para preservar bienes o pruebas en investigaciones por lavado. Vía civil: cualquier club afiliado podría pedir una intervención judicial en la Justicia Civil de la Ciudad, si considera que la AFA está en riesgo por la conducta de sus administradores.